Los cursos de formación y el telecontrol del alumbrado han puesto en jaque a EMESA, que se ha embolsado unos 500 millones de euros desde 2005. Las sospechas sobre el incumplimiento del contrato de conservación de la M30 de Madrid empiezan a concretarse. Por eso, el Ayuntamiento que dirige Manuela Carmena ha abierto un expediente a la empresa concesionaria EMESA, que agrupa a las constructoras Ferrovial y Dragados (del grupo ACS) y que es propietaria del 20% del proyecto Calle 30, por haber cobrado supuestamente cantidades millonarias a cambio de proyectos no realizados.
En concreto, habría dos incumplimientos del contrato. El primero de ellos sería relativo a los cursos de formación. La oferta presentada por EMESA en el año 2005 para lograr que se le adjudicase el contrato de la M30 incluía en diversos puntos la formación de la plantilla para desempeñar las labores necesarias. Una promesa que fue clave para que el Ayuntamiento eligiera a esta empresa para el mantenimiento de la carretera.
Sin embargo, “no existe constancia de que hayan realizado” estos cursos a los que se comprometían, según lo ha explicado el Consistorio en una nota de prensa. En concreto, se trata de la formación COEX, que se impartiría al personal del Servicio de Atención a Incidencias para acreditar sus conocimientos en conservación y explotación de carreteras. Y aunque los trabajadores sí han recibido cursos en esta materia, no se les han impartido los cursos COEX, según el equipo de Carmena.
Por otro lado, el segundo de los expedientes estaría relacionado con los incumplimientos en materia de telecontrol del alumbrado. En el año 2007, se incluyó en el contrato entre Madrid Calle 30 y EMESA una partida para la implantación de un sistema de control que permitiera conocer el estado en tiempo real de cada luminaria y del cable de alimentación de las líneas de los puestos de mando.
Desde la modificación del contrato y hasta 2015, EMESA se ha embolsado casi 2,5 millones de euros –por este sistema y otros relacionados con el telecontrol del alumbrado- y el Ayuntamiento no tiene constancia de se hayan acometido las inversiones necesarias para este sistema.
Ambos incumplimientos en un contrato millonario, que abría reportado a la concesionaria unos 500 millones de euros desde el año 2005, podrían “dar lugar al comienzo de un procedimiento de penalidades”, tal y como ha advertido el Consistorio madrileño. Según el grado de las infracciones, la multa podría ir entre 3.000 y 50.000 euros, en caso de ser consideradas leves, y de entre 50.000 y 750.000 euros en caso de ser calificadas de graves.
Además, el Ayuntamiento ha advertido de que Madrid Calle 30 podría imponer a EMESA multas derivadas de cualquier incumplimiento contractual cuando se cumplan tres requisitos: el primero, que la empresa persista en el incumplimiento de sus obligaciones; el segundo, que Madrid Calle 30 le hubiera requerido previamente; y tercero, que no haya cumplido la obligación requerida en el plazo fijado.
