Cinco de los seis centros que Ignacio González planeaba privatizar enviaron sus balances al órgano fiscalizador sin firmar o con la firma de otro responsable distinto al que marca la ley. Siete hospitales de la Comunidad de Madrid ostentan a día de hoy la forma de empresa pública y seis de ellos funcionan bajo gestión privada desde 2012. Cuatro de esos centros hospitalarios han sido señalados por la Cámara de Cuentas regional porque sus balances anuales no fueron rendidos “por el responsable de la entidad fiscalizada, sino por otras personas que no tienen la naturaleza de cuentadante”, según el último informe del órgano fiscalizador. Un quinto hospital madrileño de gestión privada, el Hospital del Tajo, presentó unas cuentas “sin firmas”.
Estos seis hospitales se construyeron bajo el Gobierno regional de Esperanza Aguirre y pasaron a ser de gestión privada a finales de 2012, después de que el PP aprobara en solitario una polémica ley de acompañamiento a los presupuestos del siguiente ejercicio. Con ello permitía también privatizar (o externalizar, según palabras del PP) hasta el 10% de los centros sanitarios: unos 27 centros de salud en la región. La intención de Aguirre y de su sucesor, Ignacio González, era que estos seis grandes hospitales, en los que trabajan más de 5.600 profesionales, fuesen totalmente privatizados.
Tras las protestas contra las externalizaciones de la llamada Marea Blanca y los grupos de la oposición, Cristina Cifuentes prometió en campaña desandar el camino. Así lo confirmó el pasado mes de noviembre, al anunciar que reintegraría los seis centros a la red de gestión directa del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS). Sin embargo, estos centros fueron construidos por las empresas adjudicatarias a cambio de recuperar la inversión con el cobro de un canon al Gobierno autonómico por el uso de las instalaciones y la prestación de los servicios no sanitarios. Se trata de concesiones por 30 años que continuarán en vigor para todos los servicios no sanitarios, como hasta ahora.
El caso de las firmas es uno de los numerosos desórdenes contables que salen a la luz en el “Análisis de las cuentas de las empresas públicas de la Comunidad de Madrid” para el ejercicio 2013. Las entidades de derecho público Hospital del Henares, Hospital del Sur (gestor del hospital Universitario Infanta Cristina), Hospital del Sureste y Hospital de Vallecas (gestor del hospital Infanta Leonor) entregaron al fiscalizador cuentas firmadas por el director de gestión económico-financiero, en lugar del Director Gerente como establece la normativa. En el caso del Hospital del Tajo no constaba firma alguna.
El sexto centro hospitalario no se salva de la reprimenda de la Cámara de Cuentas: el Infanta Sofía “no recoge en su Memoria información sobre arrendamientos y otras operaciones, instrumentos financieros, ni ingresos y gastos financieros que, según los datos recogidos en otros estados, existen”. Además, la empresa hace una relación de subvenciones y donaciones sin aclarar si se trata de resultados de 2013 o de patrimonio neto de la empresa.
Por su parte, el Hospital de Fuenlabrada, de gestión pública, comete errores contables en los desgloses de algunas partidas y su memoria “no contiene un apartado específico de instrumentos financieros, ni da información sobre los ingresos y gastos financieros de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias”, denuncia el análisis del órgano fiscalizador.
Del análisis de las memorias de los siete centros resultan numerosos errores de imputación de resultados. Muchos de ellos tienen que ver con la confusión de datos sobre la partida “aportaciones de socios”. Es relevante puesto que tales aportaciones de los socios en el caso de los hospitales proceden de los presupuestos del SERMAS, en calidad de socio dominante de la empresa pública.
“Estas aportaciones se realizan en cumplimiento de los contratos programas, habiendo realizado en el ejercicio también aportaciones extraordinarias por incrementos aprobados de la financiación inicial”, recuerda la Cámara de Cuentas en su informe, aprobado durante el día de ayer.
