En España cinco de cada 1.000 habitantes son titulares de una renta mínima, frente a 34 personas de cada 1.000 en País Vasco. La propuesta del líder socialista, Pedro Sánchez, de crear una “renta mínima vital”, desempolva la idea de asegurar la cobertura a los que no perciben ingresos. Podemos e Izquierda Unida también presentaron iniciativas sobre la materia en las pasadas autonómicas, pero el concepto no es nuevo. Las Rentas Mínimas de Inserción ya existen en España: son competencia autonómica, no son universales, y su principal característica es la disparidad entre regiones.
Según los datos sobre las rentas mínimas de inserción de 2013, en su concepción básica -sin complementos ni personas dependientes-, suponen cantidades dispares que van desde los 300 euros mensuales de Ceuta o Murcia, hasta los 662 euros del País Vasco y los 548 de Navarra. La cuantía media se queda en los 418 euros, y entre titulares de las ayudas y personas dependientes de los mismos, benefician a 637.573 personas en todo el país. Para pagar estas ayudas, las comunidades autónomas dedicaron un total de 1.040 millones de euros en 2013.
La duración de la prestación oscila entre los 6 y los 12 meses, prorrogables en la mayoría de los casos. Solo en 9 comunidades autónomas existen los complementos (suplementos por vivienda, por unidades monoparentales, menores a cargo o personas con discapacidad, entre otros). Y aunque las condiciones para percibirlas difieren, la edad mínima suele ser de 25 años. También es común el requisito de empadronamiento y tiempo de residencia de entre 12 y 24 meses.
La condición general para ser beneficario es percibir ingresos menores al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples(IPREM), un índice tomado como referencia para la concesión de ayudas, subvenciones o el subsidio de desempleo, entre otros, y que actualmente se sitúa en 532 euros. En Andalucía, el “Ingreso Mínimo de Solidaridad” requiere percibir menos del 62% del SMI (400 euros), y en Extremadura el 75% del IPREM. Por lo general, este tipo de renta básica es para personas que perciban ingresos inferiores a la propia ayuda mínima de inserción.
Solo País Vasco alcanza estándares europeos
País Vasco lidera la lista de regiones más garantistas, y no solo por la cuantía de las ayudas: supone el 4,5 % de la población del país, pero concede más del 21% del total de rentas mínimas en España. Se sitúa solo tres puntos por debajo de la región con más población, Andalucía, que concede el 24% de las ayudas. La Renta de Garantía de Ingresos (RGI) se destina en Euskadi a 136.058 personas. En Andalucía, 158.146 personas reciben la ayuda homóloga, y 63.746 en Madrid. Son las tres comunidades autónomas con mayor número de beneficiarios en términos absolutos. Pero según el presupuesto dedicado a las rentas, el ránking varía: Andalucía gastó algo más de 100 millones de euros, frente a los más de 435 millones de País Vasco -aunque esta cifra incluye una “prestación complementaria de vivienda”-. Madrid dedicó 85 millones a su Renta Mínima de Inserción.
En función de la renta per cápita de cada comunidad, las cantidades percibidas se hacen más homogéneas entre regiones (la renta media en Euskadi casi dobla a la andaluza). Pero en País Vasco hay 34 titulares de una renta mínima por cada 1.000 habitantes, mientras que la media en el resto del país ronda los 5 beneficiarios por cada 1.000 habitantes. Según el presupuesto dedicado, solo País Vasco alcanza los estándares europeos, mientras que el resto de España se queda muy lejos y protege a un número de personas hasta diez veces menor.
En función del Salario Mínimo Interprofesional, Murcia es la región que menos cobertura aporta, puesto que su renta básica solo cubre el 46% del indicador. Navarra es la comunidad que mejor se ajusta, con un 103% del salario mínimo; Canarias se queda en el 88% y País Vasco sube hasta el 124% del mismo. De media, estas subvenciones cubren solo hasta el 64% del salario mínimo en España. Las cuantías máximas, sin embargo, ascienden de media hasta el 103% del mismo indicador.
Los programas de rentas básicas deben ir asociados a “programas de inserción social” y/o “itinerarios de inserción sociolaboral”, por lo que el cobro de las rentas se condiciona a la participación en programas de empleo e inserción laboral a cargo de las administraciones responsables, normalmente las consejerías de empleo de cada región.
Qué defiende cada partido
Entre las propuestas de los partidos que en la actualidad plantean modificaciones de las rentas básicas también hay muchas diferencias. Las declaraciones más recientes han sido las del socialista Pedro Sánchez, que se comprometía a destinar una partida de 6.000 millones de euros anuales para crear una prestación no contributiva bautizada “Renta Mínima Vital”, para las personas más necesitadas. Con ese presupuesto, el PSOE quiere repercutir en 730.000 hogares, y beneficiar a 1,8 millones de personas. En concreto, planteaba una prestación por cada hijo a cargo de 150 euros para rentas inferiores a 7.100 euros; de 100 euros al mes por hijo para rentas hasta 11.500 y de 50 al mes por hijo para rentas por debajo del umbral de la pobreza (17.000 euros en familias de dos hijos). También planea extender la prestación por desempleo a 426 euros al mes más complementos familiares.
Sin embargo, Pedro Sánchez dejaba claro que rechaza el concepto de “renta mínima universal” puesto que, sin condición previa, generaría “bastante rechazo desde el punto de vista social”.
En su programa para las elecciones autonómicas y municipales, Izquierda Unida era otra de las formaciones preocupada por las rentas mínimas. Pero el partido de Alberto Garzón lo proponía de otro modo: con la propuesta “Empleo Garantizado”, la administración estaría obligada a ofrecer un empleo cuyos salarios, en función del nivel formativo, oscilarían entre los 794 euros hasta 1.047 euros por jornadas laborales de 35 horas semanales. Según la formación, implantar este sistema tendría un coste inicial del 2,3% del PIB, frente al 6,3% invertido en rescatar a la banca. Aún está por ver qué propuesta de garantía social incluye la formación en el programa para las generales.
Por último, el partido liderado por Pablo Iglesias, Podemos, fue a las autonómicas con un Plan de Garantía de Renta para asegurar una protección lo más cercana posible al salario mínimo, aunque no fijó duración ni condiciones.
Desde entonces, el grupo de trabajo Círculo Podemos Renta Básica ha elaborado un detallado documento para avanzar en la propuesta del partido morado hacia una renta que no es universal -porque solo alcanza a la ciudadanía española- sino “incondicional”. El modelo de Renta Básica Ciudadana Incondicional (RBCI) sitúa su base en los 645 euros del salario mínimo, y estipula diversas variables según la conformación de los hogares. Las viviendas de solo un adulto con tres menores a cargo cobrarían 1.226 euros.
Pero la principal peculiaridad está en las fases de implantación: en un primer momento, estaría diseñada para acoger 14 millones de personas, cuyos ingresos son inferiores a los 8.547 euros anuales (la cuantía mínima de la ayuda). En una segunda y tercera fase el umbral de renta subiría, y se ampliaría hasta todos aquellos hogares con ingresos inferiores a 54.000 euros, alcanzando a más de 32 millones de personas. El gasto requerido superará los 211.000 millones de euros. Todos estos cálculos, según la propuesta preliminar de Podemos, está sujeta a un cambio del sistema fiscal español para acercarlo al de países como Noruega, con una recaudación por impuestos mucho mayor.
