El Ministerio de Hacienda aplaza la modificación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones tras el fuerte rechazo mostrado por el presidente de la Comunidad de Madrid. La reforma fiscal que prepara el Montoro no incluirá, al menos en su primera fase, la modificación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, a pesar de que era una de las medidas estrella previstas por la denominada Comisión Lagares. El consejo de sabios que trabajó durante meses para elevar una propuesta al Gobierno, se había mostrado a favor de un mínimo de tributación en todo el territorio nacional, pero contó con el fuerte rechazo de algunos presidentes regionales, entre ellos Ignacio González.
El presidente de la Comunidad de Madrid llegó a señalar en una entrevista a Expansión que “nadie entendería”, salvo que se quisiera “penalizar y castigar fiscalmente a los madrileños”, que se obligase a poner un mínimo en dicho gravamen.
A juicio de González, “eso significaría subir de una manera brutal un impuesto que en estos momentos los madrileños no tienen que pagar. Espero que no se produzca, primero porque no es nada más que un ataque y un perjuicio a los madrileños”. Y segundo, porque consideraba que sería “una subida de impuestos desorbitada en contra de lo que se está proponiendo, que es una reforma fiscal para bajar los impuestos”.
Tras este fuerte rechazo público, González podría salirse finalmente con la suya según publica hoy El Confidencial, ya que el Gobierno habría decidido dejar para otro momento una modificación de este impuesto. La causa de este aplazamiento, probablemente hasta 2016, tendría que ver con el hecho de que el gravamen está cedido a las comunidades autónomas, y el Ministerio de Hacienda ha considerado que este no es el mejor momento político para abrir el melón de la financiación autonómica.
De este modo, la reforma fiscal que se presentará de forma oficial en dos o tres semanas se centrará en el Impuesto sobre la Renta y en el de Sociedades, señala este diario digital. En el primer caso, con la intención de sacar del IRPF a los contribuyentes de menor renta (menos de 12.000 euros al año), reduciendo al mismo tiempo los tramos impositivos de siete a cinco, y, en el segundo, bajando el tipo nominal del 30% al 25%, pero compensando este recorte con la eliminación de algunas deducciones.
