El sindicato cree que la Comunidad de Madrid cometió un presunto delito de prevaricación al impulsar esta medida a sabiendas de que era injusta. Manos Limpias está pensando en presentar acciones penales contra Ignacio González para que devuelva los 5 millones de euros que recaudó la Comunidad de Madrid con la implantación de la tarifa del euro por receta, que estuvo vigente durante 29 días en enero de 2013. El sindicato cree que el Ejecutivo autonómico cometió un presunto delito de prevaricación al impulsar esta medida a sabiendas de que era injusta.
El anuncio de Manos Limpias llega solo un día después de que el Tribunal Constitucional anulase la tasa de Madrid utilizando los mismos argumentos que usó para ‘tumbar’ el euro por receta que implantó Artur Mas en Cataluña, es decir, tras considerar que el Ejecutivo autonómico invadió competencias exclusivas del Estado central.
El sindicato quiere que la Comunidad de Madrid devuelva los millones que se embolsó con esta tasa que el alto tribunal ha considerado injusta, aunque no ha obligado a su reembolso, por lo que ha dicho que ya estudia el mecanismo adecuado para exigir el dinero al Gobierno de Ignacio González.
Además, ha asegurado que se plantea adoptar acciones penales contra los responsables de la Comunidad que la impulsaron, el propio González y el exconsejero de Sanidad Javier Fernández Lasquetty, por un presunto delito de prevaricación puesto que “dictaron una resolución a sabiendas de su injusticia”, informa Europa Press.
“La sentencia del Constitucional pone en evidencia no sólo la ilegalidad e ilicitud de la referida tasa por parte de la Comunidad de Madrid, sino que también pone en evidencia la falta de independencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid”, que a su juicio “ha quedado contaminado y sometido al Gobierno de la Comunidad de Madrid”, ha indicado el colectivo.
Manos Limpias se refiere a que en su momento denunció alegando ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid “la falta de competencia” por parte del Ejecutivo autonómico “para implantar esta tasa”, aunque la Justicia madrileña hizo ‘oídos sordos’ a su advertencia. Además, ha recordado que en su día también hablaron de la posible comisión de un delito de prevaricación, ya que la Comunidad aplicó la tasa a pesar de conocer que el Constitucional había suspendido el euro por receta de Cataluña.
