El Ayuntamiento de Alcalá de Henares, gobernado por el PP, aprobó ayer por unanimidad una moción para reclamar a la Comunidad de Madrid que pague lo que adeuda a los abogados del turno de oficio. Los letrados aseguran que el Gobierno regional no paga sus salarios desde hace casi un año.
El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares consiguió ayer que el PP apoyara una propuesta para instar al Gobierno que preside Esperanza Aguirre a cumplir sus compromisos con los abogados del turno de oficio de la Comunidad y de Alcalá de Henares en particular y que se refieren a actualizar los pagos adeudados que, según los letrados, ascienden a 20 millones de euros, y a regularizar la secuencia de pagos de la Justicia gratuita.
Este asunto ha sido motivo de numerosas movilizaciones por parte de los abogados encargados de ofrecer asistencia jurídica gratuita en la Comunidad de Madrid. Además, la reclamación ha llegado a los tribunales, ya que el Consejo de Colegios de Abogados de Madrid interpuso en septiembre un recurso contencioso-administrativo frente a la Comunidad, previa reclamación administrativa, en demanda de los intereses de demora del pago de la deuda.
La moción aprobada ayer obliga al alcalde de Alcalá de Henares, Bartolomé González, a reclamar ese pago a Esperanza Aguirre. González es un miembro destacado del PP de Madrid y afín a la presidenta del partido. No en vano, además de ser el presidente de la Federación de Municipios Madrileña, fue el elegido por Aguirre para gestionar el relevo en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, tras la dimisión de Arturo González Panero por su imputación en el ‘caso Gürtel’.
El País vincula hoy al Consistorio de Alcalá de Henares con la trama corrupta de Francisco Correa. El diario de Prisa asegura en una información que “Constructora Hispánica, la compañía que más pagos realizó a la trama (…) también actuó en Alcalá de Henares” según manifestó Juan Antonio Camargo Muñoz, jefe de los servicios municipales del Ayuntamiento de Alcalá y funcionario desde 1980, ante el juez Baltasar Garzón en marzo pasado y que consta en el sumario. El País revela que el juez señala en el sumario que “ordenaron a este funcionario que adjudicase las obras” a esta empresa.
Un día después de que Alcalá aprobara la moción de apoyo al turno de oficio, el Colegio de Abogados de Madrid ha anunciado una querella contra Baltasar Garzón y los fiscales que trabajan en el ‘caso Gürtel’ por las escuchas grabadas a los abogados de los imputados, que consideran ilegales. Además, han trasladado una queja al respecto al CGPJ, a la Audiencia Nacional y al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Por otro lado, han decidido otorgar amparo colegial a los ocho letrados cuyas conversaciones con sus defendidos fueron intervenidas por la Policía y autorizadas por Garzón.
Fuentes jurídicas consultadas por EL BOLETIN señalan que es totalmente ilegal grabar las conversaciones entre un abogado y su defendido. Al respecto, puntualizan que sólo se pueden intervenir las comunicaciones entre ambos en las dependencias penitenciarias cuando se investigan delitos de terrorismo.
Respecto a la decisión del Colegio de Abogados de Madrid, las fuentes consultadas consideran normal la queja ante el CGPJ, la Audiencia Nacional y el tribunal de Madrid, tras la petición de amparo de los abogados cuyas conversaciones fueron grabadas, por los motivos anteriormente citados. No obstante, mostraron su extrañeza ante la decisión de querellarse contra Garzón puesto que el archivo de la misma está prácticamente asegurada y no esperan que tenga mucho recorrido más allá de la admisión a trámite por el CGPJ.
Las mismas fuentes puntualizan por otro lado que el contenido de las conversaciones grabadas a personas investigadas en un sumario que se refieran a asuntos diferentes al objeto de la instrucción deben ser eliminadas automaticamente. No obstante recuerdan casos en los que esas piezas se han filtrado a los medios.
Por ejemplo, en el ‘caso Naseiro’. Este ‘escándalo’ saltó a la prensa a principios de los 90, cuando José María Aznar llegó a la presidencia del PP, y llegó a los tribunales cuando el juez instructor de Valencia Luis Manglano dictó un auto de procesamiento contra varios miembros de la formación, entre ellos el diputado José Luis Sanchís y el administrador del partido Rosendo Naseiro por una presunta financiación ilegal en el PP y enriquecimiento ilícito.
El caso llegó al Supremo debido a la condición de aforado de Sanchís, pero se archivó finalmente por irregularidades en el procedimiento, ya que las escuchas telefónicas en las que se basaba la acusación se habían ordenado para investigar únicamente un caso de narcotráfico y no se podían utilizar en otro procedimiento.
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