Soraya Rodríguez (PSOE) e Irene Lozano (UPyD) pedirán al Ejecutivo que rectifique tras la rebelión de jueces de la Audiencia y la excarcelación de narcotraficantes que se ha producido. Los grupos parlamentarios del PSOE y de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) llevarán al Pleno de control del Congreso de mañanalas críticas que vienen vertiendo jueces y fiscales contra la reforma de la justicia universal, para lo cual dirigirán sendas preguntas a la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.
“¿Va a rectificar el Gobierno la injustificable chapuza que supone la ley que pretende suprimir la justicia universal en España?”, reza la pregunta que la portavoz de los socialistas en la Cámara Baja, Soraya Rodríguez, tiene previsto formular a la ‘número dos’ del Gobierno tal y como adelanta Europa Press.
Por su parte, la portavoz de Exteriores de UPyD en el Congreso, Irene Lozano, preguntará el titular de Justicia, qué medidas piensa adoptar el Ejecutivo para evitar que, “gracias” a su reforma de la justicia universal, se siga poniendo en libertad a narcotraficantes.
La limitación de la justicia universal fue introducida por el PP a través de una proposición de ley que se tramitó por urgencia y en lectura única, una decisión que ya ha provocado la excarcelación de 43 narcotraficantes y que viene cosechando importantes críticas en el fondo y en la forma en la mayor parte de los partidos de oposición, así como entre jueces y fiscales. El último en cargar contra esta decisión ha sido el juez Andreu, que calificó de “chapuza” esta reforma y quien censuró que se use la justicia como “moneda de cambio”.
Cinco de los seis jueces de instrucción de la Audiencia Nacional se han rebelado contra esta reforma promovida por el PP, que limita sus competencias para investigar genocidios o crímenes de lesa humanidad cometidos en otros países, negándose a archivar causas que llevan años instruyendo. Como ejemplo, el juez Santiago Pedraz ha rechazado el archivo de la muerte del periodista español José Couso en Irak y el genocidio contra el pueblo guatemalteco, en el que fallecieron siete españoles.
No será mañana la única ocasión en la que se hablará en el Palacio de la Carrera de San Jerónimo de esta limitación de la justicia universal. El jueves, el Pleno debatirá y votará las propuestas de resolución que sobre esta reforma han presentado PSOE y CiU a la Memoria del Consejo General del Poder Judicial 2012, al que emplazan a pronunciarse sobre esta reforma al no presentarla el Gobierno como proyecto de ley.
En concreto, los socialistas le instan a emitir un informe de valoración sobre la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial que limita la jurisdicción universal “impidiendo la lucha contra graves delitos, dejando sin tutela judicial a españolas víctimas de graves violaciones de Derechos Humanos y enviando un mensaje inaceptable de impunidad a sus autores”.
A ello se suma, según el principal partido de la oposición, “los problemas de interpretación” en los órganos jurisdiccionales que esta medida está ocasionando y la queja de relevantes miembros del Ministerio Fiscal.
En parecidos términos se expresa en su resolución el grupo parlamentario que capitanea el democristiano Josep Antoni Duran i Lleida, en la que insta al CGPJ a que realice una “valoración jurídica expresa” sobre la oportunidad de la reforma de la justicia universal.
