La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública cree que no «estaría de más» comprobar si Cataluña y Madrid incurrieron en un delito de prevaricación. La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) “se congratula” de la sentencia del Tribunal Constitucional que declara ilegal el euro por receta cobrado en Cataluña aunque cree que “no estaría de más” que la Fiscalía llevara a los tribunales a la Generalitat y a la Comunidad de Madrid para comprobar si incurrieron en un delito de prevaricación al imponer este cobro.
Esta plataforma ya había señalado que estas tasas vulneraban la legislación vigente y penalizaban a las personas más enfermas y con menos ingresos dificultando su acceso a las prestaciones farmacéuticas, en muchos casos medicaciones imprescindibles para su vida.
Ahora, la FADSP exige el reintegro de las cantidades indebidamente percibidas por las dos comunidades autónomas, “con los intereses pertinentes”. También pide la dimisión de los responsables de la puesta en marcha de estas tasas, “especialmente en el caso del presidente de la Comunidad de Madrid (el consejero de Sanidad ya dimitió por otros motivos) por su empecinamiento en poner en marcha esta tasa cuando el TC ya la había suspendido cautelarmente en Cataluña”.
