El juez que encarceló en dos ocasiones a Miguel Blesa solicitó la semana pasada la recusación de Arturo Beltrán y María Tardón. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha aplazado hasta el próximo lunes sus deliberaciones sobre la recusación planteada por el juez Elpidio José Silva contra dos de los miembros del tribunal que le juzga por un supuesto delito de prevaricación en la encarcelación del expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa.
La Sala había comenzado a examinar el incidente de recusación este mismo lunes y tenía previsto retomar el asunto el mismo día de hoy. Sin embargo, el hecho de que el asunto estuviese instruido por el magistrado Eduardo Urbano, el único juez del tribunal contra el que Silva no ha presentado recusación, ha forzado que las deliberaciones finales se aplacen hasta después del “puente de mayo”. Esto es, al menos, hasta el comienzo de la semana próxima.
El juicio contra el juez que envió a Blesa a prisión en dos ocasiones y ordenó la incautación de sus más de 8.000 correos electrónicos corporativos ya fue suspendido la semana pasada a consecuencia de esta recusación. De momento, el juez instructor ha recabado los informes en contra del fiscal jefe del Tribunal Superior de Madrid (TSJM), Manuel Moix, y los magistrados Arturo Beltrán y María Tardón, cuya imparcialidad ha sido puesta en entredicho por el acusado. Especialmente la del último miembro.
En este sentido, Silva ha solicitado que se aparte del tribunal a los magistrados Arturo Beltrán, por no aceptar la renuncia de su abogado Cándido Conde-Pumpido y por permitir la presencia en el tribunal de la magistrada María Tardón, quien había formado parte de la Asamblea General de Caja Madrid. Además de la recusación, el juez demandó a los referidos miembros del tribunal en un juzgado de Madrid.
Por su parte, el expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, y el exlíder de la patronal española, Gerardo Díaz Ferrán, han reclamado que se rechace la petición del juez Elpidio José Silva. Ambos consideran que no se trata más que de un “nuevo fraude” cuyo único objetivo es “dilatar al máximo” el proceso abierto contra su persona en el que se dirime una petición fiscal de 30 años de inhabilitación.
Mientras tanto, el juez Silva sigue calentando la precampaña electoral para las europeas con la formación que abandera, Movimiento Red. Es así que ya ha vaticinado que posiblemente sea el Tribunal Supremo quien tenga que retomar el testigo de la causa en su contra, aventurando que antes de que haya sentencia ya habrá ocupado su puesto como europarlamentario. A la par, expertos jurídicos destacan la complejidad a la hora de formar el tribunal que instruye el caso, pues sus jueces deben proceder de distintas salas y más que improbable que lleguen peticiones voluntarias de participación dado el cariz que está tomando en las últimas semanas y la atracción mediática que ha generado.
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