Dicen que el escrito de la Consejería de Sanidad en el que afirma las externalizaciones han “finalizado” no demuestra nada porque existe “una habilitación legal para llevarlas a cabo de nuevo”. Las críticas contra la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid por haber remitido a un tribunal un escrito en el que afirma que las privatizaciones han “finalizado” siguen sucediéndose. Ahora ha sido el sindicato CSI-F el que ha dicho que, a pesar de que es un buen paso, no es suficiente porque existe “una habilitación legal para llevarlas a cabo de nuevo”. Es por ello que la central ha exigido a Ignacio González que derogue la ley que permite las externalizaciones, ya que en su opinión “mientras esta disposición continúe vigente no hay motivo para dar por cerrado el proceso”.
En una nota, CSI-F ha exigido al presidente del Gobierno regional que “dé por zanjadas” de una vez las privatizaciones derogando el artículo 13.2.3 de la Ley 4/2012 de la Comunidad de Madrid, que indica textualmente que “se procederá de manera progresiva a la externalización de los servicios no sanitarios necesarios para el adecuado funcionamiento de la red de centros del Servicio Madrileño de Salud, mediante los oportunos concursos públicos”.
Según el sindicato, hasta que el Ejecutivo autonómico no dé ese paso no podrá decirse que el proceso externalizador está finalizado, por mucha comunicación que envíe la Consejería de Sanidad. Concretamente, CSI-F se refiere al escrito remitido por el departamento que dirige Javier Rodríguez el pasado fin de semana al Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Madrid, en el que aseveraba que se daba “por finalizado” el proceso de privatización de los hospitales Infanta Sofía, Infanta Cristina, Infanta Leonor, del Henares, del Sureste y del Tajo.
Tal y como ha explicado el responsable de Acción Sindical de CSI-F Sanidad Madrid, Fernando Hontangas, mientras esta disposición continúe vigente no hay motivo para dar por cerrado el proceso de externalización. De hecho, ha dicho, éste es uno de los motivos por los que la Marea Blanca sigue saliendo a la calle cada tercer domingo de mes pese a que el propio Ignacio González anunció, el pasado 27 de enero, la marcha atrás en el proceso privatizador.
Y CSI-F advierte que estas movilizaciones seguirán produciéndose hasta que la Comunidad de Madrid dé un paso adelante en este sentido y cambie además la política de contratación.
“Consideramos que un paso definitivo para dar por finalizado el proceso de privatización sería la derogación de la Ley 4/2012. Desde CSI-F vemos con buenos ojos todas las acciones del Gobierno de la Comunidad que van en la dirección de reafirmar la marcha atrás en la externalización, pero pensamos que el Ejecutivo regional debe derogar esta norma, además de cambiar su política de recursos humanos, habilitando traslados y ejecutando ofertas de empleo público pendientes en todas las categorías”, ha afirmado Hontangas.
Una postura que va en la línea de la expresada por la Asociación de Médicos y Titulados Superiores (Amyts), que dijo que era “precipitado dar por concluido el proceso” porque la Consejería de Sanidad ni lo ha comunicado “oficialmente a las partes que tienen abiertos procedimientos contencioso-administrativos” ni se ha publicado la anulación de los concursos en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM). Es más, el colectivo también recordaba que para hablar del fin definitivo es necesario que los tribunales determinen “quién se hace cargo de las costas” del proceso judicial que suspendió las externalizaciones previstas.
