La Asociación Española de Abogados Cristianos y Hazte Oír se han querellado contra José Carrillo por un presunto delito de omisión del deber de perseguir delitos. La Asociación Española de Abogados Cristianos y Hazte Oír han presentado hoy en los juzgados de la Plaza de Castilla de Madrid una querella contra el rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), José Carrillo, por un presunto delito de omisión del deber de perseguir delitos.
La querella se ha presentado por el supuesto ataque sufrido por unos estudiantes el pasado jueves 20 de marzo en la Facultad de Ciencias de la Información, situada en el campus de la Ciudad Universitaria de Madrid mientras repartían unos manifiestos contra el aborto.
En concreto, según detalla el documento judicial, varios miembros de la Asociación Universitaria ‘Atlántida’ fueron amenazados, agredidos y coaccionados con gritos como “a por ellos como en Paracuellos”, según informa Europa Press
Los denunciantes se quejan de que esta agresión no ha suscitado ninguna respuesta por parte del Rectorado, que a su juicio “tiene la obligación y la responsabilidad de que dentro de su institución no se cometan hechos delictivos y, si es así, perseguirlos”.
En esta línea, el texto recoge que “el rector es la máxima autoridad académica de la UCM y ejerce la representación, dirección, gobierno y gestión de la Universidad, desarrollando las líneas de actuación aprobadas por los órganos colegiados correspondientes”.
De este modo, entienden que estos hechos relatados pueden considerarse constitutivos de un delito de omisión del deber de perseguir delitos, contemplado en el artículo 408 del Código Penal vigente.
La querella agrega que se da la circunstancia que el rector Carrillo sí ha llamado en otras ocasiones a las fuerzas del orden para poner freno a otros episodios violentos.
Piden la inhabilitación del rector
En un comunicado, la presidenta de la Asociación Española de Abogados Cristianos ha explicado que piden la inhabilitación de Carrillo, ya que en su opinión “una persona que persigue sólo aquellos delitos en función a su criterio ideológico, no debe ser el máximo dirigente de una universidad pública”.
“Es llamativo que actuase contra los huelguistas el 26 de marzo llamando a las fuerzas de seguridad del Estado y no haya movido un dedo contra las amenazas de violentos contra estudiantes provida, incluso tras haber recibido más de 11.000 solicitudes para que tomase medidas», ha destacado.
La portavoz de Derecho a Vivir, Gádor Joya, ha destacado la gravedad que suponen estos hechos en “un espacio privilegiado para el intercambio de opiniones y el contraste de datos como es la universidad se convierta en ocasiones en un lugar donde la intolerancia de unos pocos campe sin control”.
Los firmantes de esta querella también instarán a la Fiscalía a investigar las agresiones e identificar a los autores para llevarlos ante un juez.
