El juez cita como testigos los días 11 y 12 de abril a 15 personas relacionadas con la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau, que contrató con el instituto que dirigían Urdangarin y Torres. El juez del caso Nóos, José Castro, ha citado para declarar en Valencia en calidad de testigos los próximos días 11 y 12 de abril a quince personas relacionadas con la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau, que contrató con el instituto que dirigían Iñaki Urdangarin y Diego Torres.
Esta citación responde a la solicitud formulada por Luis Lobón, exsecretario de Turismo de la Comunidad Valenciana, que está imputado en la causa de presunta corrupción que investiga el juzgado de instrucción 3 de Palma.
Lobón fue uno de los imputados que pidió que la rama valenciana del caso Nóos fuera trasladada a un juzgado de la capital levantina, una pretensión que denegó la Audiencia de Palma en mayo de 2013.
Los quince testigos a los que Castro tomará declaración en la Ciudad de la Justicia de Valencia entre las 17.30 horas del viernes 11 y el mediodía del sábado 12, si se cumplen los horarios señalados, son responsables de empresas e instituciones del ámbito turístico que formaron parte del patronato y al ejecutivo de Turismo Valencia Convention Bureau entre 2004 y 2007.
La citada fundación, junto con la sociedad Ciudad de las Artes y las Ciencias, contrató con el Instituto Nóos la organización de tres ediciones del foro sobre deporte Valencia Summit entre los años 2004 y 2006, una labor por la que la entidad que presidió Iñaki Urdangarin cobró 3,1 millones de euros.
Por otro lado, y tal y como informa Efe, en su auto de hoy el juez Castro da traslado a la Audiencia de Palma del recurso de apelación interpuesto por el sindicato Manos Limpias, personado como acusación popular, contra su decisión de negar la imputación por blanqueo de capitales de Urdangarin, Torres y la esposa de este, Ana María Tejeiro.
Hace una semana el instructor rechazó por segunda vez atender la solicitud de imputación planteada por Manos Limpias, por lo que será el tribunal provincial el que resuelva finalmente la cuestión.
La acusación popular sostiene que la sociedad Aizoon, propiedad al 50 % de Urdangarin y la infanta Cristina, compró dos viviendas, un aparcamiento y un trastero en Palma en 2004 y otra vivienda con trastero en Terrassa en 2007, pero la empresa no tuvo ingresos netos suficientes entre 2004 y 2012 para pagar las cuotas de las hipotecas, por lo que el sindicato cree que “se han financiado en parte con ingresos de procedencia supuestamente ilícita”.
El sindicato alegó que el autoblanqueo existía antes de que fuera incluido en el Código Penal en 2010, desde que la sala segunda del Tribunal Supremo acordó en julio de 2006 que en la práctica “estimaría el concurso de delitos entre el delito previo y el de blanqueo”.
El juez Castro rechazó ese argumento al considerar que Manos Limpias “confunde lo que es la tipicidad de un delito con la interpretación jurisprudencial que pueda darse a ese precepto”.
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