Los dos meses ‘horribilis’ de Fernández Díaz

Los muertos de Ceuta, los errores del dispositivo policial del 22-M y el varapalo que han dado los jueces a su ley de Seguridad Ciudadana, ponen en la ‘picota’ al ministro del Interior. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, parece no dar abasto para cerrar todos los frentes que se le han abierto, desde que el pasado 6 de febrero murieran 15 inmigrantes subsaharianos al intentar entrar ilegalmente en España a nado y ser repelidos por la Guardia Civil con pelotas de goma.

El uso de balas de goma y de botes de humo por parte de los agentes cuando los inmigrantes estaban en el agua, provocó una gran indignación entre los partidos de la oposición y las contradicciones entre las explicaciones del titular de Interior y las que dio el director general de Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa pusieron a su Departamento en la picota por lo que arreciaron las peticiones de dimisión tanto del ministro como del director general de la Benemérita.

Antidisturbios en pie de guerra

Y cuando aún no se han apagado los ecos de la tragedia de Ceuta, esta semana nuevo suceso vuelve a hacer temblar los cimientos del Ministerio de Interior: el caótico dispositivo policial que se estableció durante las Marchas de la Dignidad, del pasado sábado, que se saldó con 67 policías heridos.

Los sindicatos policiales denuncian que “nunca en democracia una manifestación acabó con 67 ‘antidisturbios’ heridos”, tal y como destacó en declaraciones a elboletin.com secretario general del Sindicato Independiente de la Policía Española (SIPE), Alfredo Perdiguero Manjón.

Los agentes achacan el alto número de heridos a las órdenes que recibieron de sus mandos de ‘aguantar’ y de no utilizar material antidisturbios, por lo que el choque entre policías y manifestantes acabó en un “cuerpo a cuerpo” incluso con Policías heridos por arma blanca y lanzan las sospechas de que estas órdenes de contención se produjeron por la presencia de observadores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).

Por ello, los sindicatos piden que ‘rueden cabezas ‘ e insiste en exigir el cese del comisario general de Seguridad Ciudadana, Florentino Villabona; del comisario Jefe de las Unidades de Intervención Policial (UIP), José Miguel Ruiz Iguzquiza; y del jefe de la Unidad de Intervención (UIP) de Madrid, Francisco Javier Virseda Serna, contra quienes incluso han presentado una querella por un presunto delito de lesiones, en su modalidad de comisión por omisión, omisión del deber de impedir delitos y denegación de auxilio.

Fernández Díaz admitió ayer que hubo fallos de coordinación el 22M sin embargo, de momento, elude hablar de ceses

El Poder Judicial tumba su ‘ley mordaza’

Por si todo esto fuera poco, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha dado el ‘golpe de gracia’ a su polémica ley de seguridad ciudadana, calificada por la oposición de la ‘ley mordaza’ .

Ayer, el máximo órgano de gobierno de los jueces aprobó un informe que desmonta la ley al considerar que muchos de sus puntos son “inconstitucionales”, un grave varapalo para Fernández Díaz, ya que la decisión se tomó por unanimidad.

Los jueces critican duramente el texto al encontrarle tachas de inconstitucionalidad en relación con las retenciones en caso de que las personas se nieguen a identificarse ante la Policía, la instalaciones de controles en lugares públicos y la denegación del pasaporte en caso de declararse estados de alarma, excepción y sitio, tal y como informa Europa Press.

Rechaza también el Poder Judicial que los empleados y las empresas de seguridad privada puedan colaborar a la hora de disolver reuniones, además ven excesivo penalizar los llamados “escraches”. Finalmente, indican que las medidas sancionadoras a los menores, no son económicas sino que “deben ser reeducativas”.

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