La Comisión Europea ha pedido explicaciones al Gobierno al entender que la retirada de la tarjeta sanitaria a los parados que pasen más de 90 días fuera del país va contra la legislación comunitaria. La polémica por la decisión del Gobierno de retirar la tarjeta sanitaria a los parados de larga duración que pasen más de 90 días fuera de España ha llegado hasta Bruselas. La Comisión Europea no ve con buenos ojos esta medida y considera que vulnera la legislación comunitaria, por lo que ha pedido al Ejecutivo de Mariano Rajoy que explique la normativa y las razones para aplicarla.
Bruselas, y más concretamente el comisario europeo de Empleo y Asuntos Sociales, Lázsló Andor, ha mostrado sus dudas sobre el encaje legal de la medida aprobada por el Ministerio de Sanidad el pasado mes de diciembre, y que lleva en vigor desde principios de año. Tanto es así que la Comisión Europea ha decidido pedir explicaciones al Gobierno al considerar, según recoge El País, que con esta medida España no está cumpliendo con la obligación de los Estados miembro de garantizar la atención sanitaria de los ciudadanos.
Según parece, la CE sospecha que el Ejecutivo de Rajoy no garantiza en su legislación las medidas recogidas en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que dice que “toda persona tiene derecho a la prevención y atención sanitaria en las condiciones establecidas por las legislaciones y prácticas nacionales”. Es decir, que “cualquier persona asegurada en un Estado miembro tiene derecho a recibir asistencia sanitaria durante su estancia en otro país de la UE”, algo que con la medida del departamento que dirige Ana Mato no está asegurado para los parados de larga duración que permanezcan más de tres meses en el extranjero.
Por ello el comisario de Asuntos Sociales ha anunciado que información sobre la norma, su aplicación y a quién afectará al Gobierno de Rajoy, al que recuerda que la legislación europea establece que una persona puede ausentarse “temporalmente” durante un periodo igual o superior a 90 días sin necesidad de cambiar su residencia, precisamente a lo que obliga el Ejecutivo del PP con la nueva normativa.
“La Comisión se pondrá en contacto con las autoridades españolas a fin de que se le proporcione toda la información disponible”, ha señalado Andor en respuesta a la interpelación presentada por tres eurodiputados españoles -Juan Fernando López Aguilar, del PSOE; Willy Meyer, de IU y Raül Romeva, de ICV-, que habían denunciado que la medida del Gobierno central perjudicará especialmente a los jóvenes sin trabajo que se marchan al extranjero en busca de una oportunidad laboral.
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