La fundación FIBGAR denuncia que España incumple las obligaciones a las que se ha comprometido en varios convenios. Tanto esta fundación como otras dos más han solicitado al Comité contra la Desaparición Forzadas de la ONU que intervenga de manera tras la inminente aprobación de la controvertida nueva justicia universal.
Desde la fundación, que dirige la hija de Baltasar Garzón, señala que la reforma que plantea el Gobierno vulnera el derecho internacional y especialmente el Convenio Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y el Convenio contra la Tortura.
Los denunciantes informan de que el derecho internacional obliga a España a perseguir los delitos de genocidio, lesa humanidad o contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado y muy especialmente cuando el “responsable se encuentre en territorio nacional”.
La reforma de la citada justicia universal frena la persecución de delitos que se dirijan contra los españoles o extranjeros que posean la nacionalidad o cuya extradición haya sido denegada. Recuerdan que los Estados están obligados a sancionar y a investigar los crímenes.
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