Los socialistas acusan a las dos formaciones de ver en la seguridad un negocio. El senador del PSOE, Enrique Cascallana, ha denunciado este miércoles la existencia de un «pacto privatizador» entre el PP y CiU en torno a la tramitación de la nueva Ley de Seguridad Privada impulsada por el Gobierno. Los socialistas acusan a estas dos formaciones de ver en la seguridad «un ámbito de negocio» y anuncian que no descartan recurrir la Ley que se apruebe ante el Tribunal Constitucional.
«Existe un pacto para una deriva privatizadora, una coincidencia clara entre la derecha catalana y la derecha del PP. Coinciden en ver la seguridad como un ámbito de negocio y ahí chocamos frontalmente, no porque lo diga la constitución, que lo dice, sino porque la seguridad no puede ser tratado como un bien más de mercado», ha dicho en declaraciones a Europa Press Cascallana después de la ponencia de las enmiendas de dicha ley que ha tenido lugar en la Cámara Alta.
El siguiente paso será debatir estas enmiendas y otras que se han dejado para la Comisión de Interior del Senado prevista para el próximo día 5 de marzo. En la reunión de este miércoles -a puerta cerrada-, los ‘populares’ han aceptado todas sus enmiendas y también un paquete de enmiendas presentadas por CiU.
El PSOE ha manifestado su preocupación por el contenido del borrador de informe elaborado por dos vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el que, según ha dicho, «hay un apartado que habla expresamente de las empresas de seguridad privada y su colaboración con las fuerzas de seguridad en manifestaciones y reuniones».
«Lo que dice el CGPJ es que la Constitución reconoce sólo a las fuerzas de Seguridad la competencia en materia de seguridad ciudadana», ha explicado. Durante la reunión, el PSOE ha pedido la retirada de la Ley ya que cuestiona la Constitución. Es por ello que no se descarta recurrir lo que se apruebe finalmente ante el Tribunal Constitucional, según ha dicho.
Según ha dicho en la Ley se crea además una nueva figura que es la del auxiliar de seguridad que los socialistas consideran una intrusión laboral y alerta de que se trata de «personas aún menos cualificadas» que podrán «intervenir en aspectos de la seguridad». «Es un cajón de sastre», ha apostillado.
Cascallana afirma que la ley mantiene la presencia de vigilantes de seguridad privada en espacios públicos y que no ha aceptado ninguna enmienda en sentido distinto.
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