Bauza y el PP balear compatibilizan la ‘pancarta’ y el discurso de que Zapatero tiene la culpa para dar la sensación de que el ministro Soria tiene las manos atadas. El Gobierno que preside José Ramón Bauza y el PP de Baleares están realizando una doble estrategia para enfrentarse al clamor popular que existe contra las prospecciones petrolíferas que se van a hacer en el archipiélago.
Por un lado, tanto el Ejecutivo de Bauza como el Partido Popular de las islas asisten a las manifestaciones de protesta que se convocan y anuncian que van a hacer todo lo que esté en su mano para paralizar la búsqueda de petróleo; y por otro, dejan que cale el mensaje de que la culpa es de los socialistas, y del Real Decreto que aprobó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, anticipándose a una eventual negativa del Ejecutivo central y apoyando de esta forma el discurso reiterativo del ministro de Industria, José Manuel Soria, de que tiene las ‘manos atadas’ por la herencia recibida.
Y es que el ministro de Industria, José Manuel Soria, insiste una y otra vez, la última este fin de semana, en que los citados sondeos cuentan con las preceptivas autorizaciones y que, por tanto, en principio no se pueden parar.
En declaraciones a los medios hechas este sábado, Soria ha expresado su respeto por las movilizaciones que se están llevando a cabo en Baleares, al mismo tiempo que ha recordado que fue el anterior Ejecutivo, presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, el que autorizó las mencionadas prospecciones.
Y advierte que la paralización sólo se podría producir en caso de que el Ministerio de Medio Ambiente no aprobase los estudios de impacto ambiental presentados por las empresas que quieren buscar petróleo en Baleares.
Soria, tal y como recoge Europa Press, dijo que “las prospecciones autorizadas en el Golfo de Valencia y las que están autorizadas en entre unos 30 y 60 kilómetros del archipiélago balear son autorizaciones hechas durante la etapa del anterior Gobierno”.
Y agregó que una vez que se hacen esas autorizaciones, luego se pone en marcha un procedimiento que está totalmente reglado.”Con total respeto a las iniciativas ciudadanas de plataformas y políticas en contra de las autorizaciones hechas durante el tiempo del Gobierno anterior, al final se hará o no se hará aquello que permita la Declaración de Impacto Ambiental”.
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