El PSM denuncia que la Comunidad de Madrid quiera “detraer fondos públicos para la iniciativa privada” sin hacer ni siquiera un concurso, ya que la asistencia de los trabajadores se dará directamente a FREMAP. Ignacio González sigue adelante con su política privatizadora. Así lo aseguran al menos tanto el PSM como la Federación de Asociaciones de Inspección de Servicios Sanitarios (FAISS), que han denunciado el nuevo intento de la Comunidad de Madrid por favorecer a la privada dejando la cobertura sanitaria de 55.000 empleados públicos en manos de una mutua. Concretamente, el Gobierno regional prevé dejar la cobertura de las bajas comunes en manos de FREMAP, que desde 1999 se encarga de la asistencia a los trabajadores públicos por accidentes laborales.
Tal y como han criticado los socialistas madrileños en una nota, este no es más que el último ejemplo de cómo la Comunidad de Madrid “facilita el negocio de los intereses privados en la Sanidad”. La presidenta del Grupo Socialista en la Asamblea regional, Ampara Valcarce, ha cargado contra Ignacio González por pretender ahora, tras el fracaso de la externalización de hospitales, privatizar el aseguramiento público de los empleados de la administración, lo que significa “detraer fondos públicos para la iniciativa privada” quitándoselo al “Instituto Nacional de la Seguridad Social”.
“Son 55.000 empleados públicos de la Comunidad de Madrid los que el Gobierno regional quiere que pasen a una mutua. Esto es un ejemplo de privatización, pero también de cómo se facilita el negocio de los intereses privados en la sanidad” ha afirmado Valcarce, que critica además que las bajas por contingencias comunes se quieran dejar directamente en manos de FREMAP, sin hacer concurso alguno.
El PSM no está dispuesto a “consentir” que el PP “facilite el negocio de las mutuas a costa de los presupuestos, que pagan los madrileños”, por lo que los socialistas han anunciado que denunciarán “políticamente” en la Asamblea de Madrid y en todas las instancias judiciales “que quepan” esta nueva privatización, ha dicho Valcarce, que se ha mostrado dispuesta además a exigir una investigación para aclarar por qué el portavoz del Ejecutivo autonómico, Salvador Victoria, participa como vocal en la Junta Directiva de FREMAP.
Vía alternativa de privatización
Por su parte, la Federación de Asociaciones de Inspección de Servicios Sanitarios (FAISS) ha elaborado un informe en el que analiza el nuevo proyecto de la Comunidad de Madrid, y critica que Ignacio González quiera beneficiar a FREMAP antes de que la nueva Ley de Mutuas permita la libre competencia para pactar con las autonomías.
Según recoge actasanitaria.com, FAISS cree que la decisión del Ejecutivo regional de poner en marcha este plan no es más que una forma de adelantarse a lo previsto en el anteproyecto de Ley de Mutuas de la Seguridad Social, que permitirá que éstas suscriban convenios con los Servicios Regionales de Salud (SRS) para adelantar asistencias de trabajadores de baja.
En opinión de este organismo, esta norma forzará a las autonomías a detraer fondos de la asistencia general del Sistema Nacional de Salud para beneficiar a las mutuas, que ya parten con ventaja ya que pueden saltarse las listas de espera y ‘colar’ a sus asegurados. Esto, en opinión de FAISS, va a suponer que con cargo a los fondos públicos se priorizará la asistencia de los trabajadores adscritos a la mutua frente al resto, lo que “rompe el principio de equidad del sistema y permite su descapitalización”.
Asimismo, critica que en esta “vía alternativa de privatización” la Comunidad de Madrid opte directamente por FREMAP y no por otras mutuas, y ni siquiera vaya a hacer un concurso público para adjudicar este servicio.
No obstante, la Comunidad de Madrid ha querido salir al paso de esta nueva polémica negando, según informa la Cadena SER, que se trate de un nuevo caso de privatización y asegurando que sólo se pretende mejorar la prevención de enfermedades y que los empleados públicos tengan mejor trato.
Y el Gobierno regional también ha afirmado que la presencia de Salvador Victoria como vocal en la Junta Directiva de FREMAP es totalmente legal. Fuentes del Ejecutivo autonómico han afirmado a la emisora que el consejero no cobre ninguna compensación monetaria por ello y que sólo está ahí para controlar la gestión de la mutua. Además, recuerdan que desde 1999 cuatro consejeros han estado presentes en esa Junta Directiva: Antonio Beteta, Alfredo Prada, Francisco Granados, y Regina Plañiol.
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