Últimamente son habituales los casos en los que se pierde información de relevancia que retrasa aún más los procesos judiciales. Las críticas por la lentitud de la Justicia española parecen haber quedado relegadas a un segundo plano ante los hechos acaecidos en este primer mes y medio de 2014. A pesar de que el año no ha hecho más que empezar, son ya varias las denuncias que han surgido ante la pérdida o extravío de información vital en los procesos judiciales, que ha retrasado aún más las causas.
Este es el caso, por ejemplo, del expediente sobre el indulto del juez Baltasar Garzón. Hace un mes se conocía que la documentación había estado perdida más de un año, por lo que en ese tiempo no se había realizado ningún trámite al respecto. Algo que choca en un caso en el que, de haber tenido un procedimiento normalizado, podría estar ya resuelto.
Tras la pérdida de los papeles del expediente de Garzón, que ni en el Ministerio de Justicia ni en el Tribunal Supremo han sido capaces de explicar, el proceso ha tenido que volver a iniciarse, por lo que el que fuese juez de la Audiencia Nacional tendrá que esperar aún más para saber si le conceden el indulto tras ser condenado, en febrero de 2012, a 11 años de inhabilitación por prevaricar al autorizar escuchas telefónicas en la cárcel a los cabecillas de la trama Gürtel y sus abogados.
En este caso, y según la versión del departamento que dirige Alberto Ruiz-Gallardón, la documentación relativa a la petición de indulto salió del Ministerio el 29 de junio de 2012, que la envió por correo ordinario, aunque nunca llegó al alto tribunal. Según parece este informe salió junto a otros siete expedientes que sí llegaron a su destino, pero no se inició una investigación interna para aclarar lo sucedido porque el retraso se trató como algo dentro de la normalidad.
Y este no es el único caso de estas características. Hoy mismo el portavoz de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, ha negado las acusaciones de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), que dice que el Gobierno regional ha ocultado sus contratos con la Gürtel a la Audiencia Nacional, y ha explicado que la información fue enviada hace tiempo, por lo que si no ha llegado a manos del juez Pablo Ruz se habrá perdido por el camino.
En una intervención en la Cadena SER, mismo medio que había desvelado la denuncia de IGAE, Victoria ha explicado que esta acusación es “radicalmente falsa” porque la Comunidad de Madrid remitió la documentación requerida a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía. “Lo remitimos a la UDEF y por lo que parece no llegó a la Audiencia Nacional”.
En su opinión, la Intervención General del Estado “está al margen” del extravío de los documentos y lo único que ha hecho es elaborar un informe a petición de Ruz, que si no recibió la información lo comunicaría a este organismo para dejar constancia y abrir una investigación al respecto. Sin embargo, ha insistido, “nosotros lo enviamos a la UDEF”.
Según publicaba la emisora del Grupo Prisa, IGAE ha denunciado en un informe remitido a Ruz que los departamentos del Ejecutivo madrileño que más contratos firmaron con las empresas de Francisco Correa, supuesto cabecilla del Gürtel, todavía no habían remitido la documentación al respecto requerida por el juez.
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