Joaquim Bosch critica que la reforma de la Justicia Universal “supone un evidente paso atrás en la lucha contra la impunidad en los crímenes de derecho internacional”. El portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Joaquim Bosch, ha arremetido contra la reforma de la Justicia Universal, impulsada por Alberto Ruiz Gallardón, por ser “una importante limitación de la protección de los derechos por influencia de los países más poderosos”. Según Bosch, •se trata de una sonrojante renuncia a la defensa de los derechos humanos que se canjea por determinados intereses económicos”.
Así lo ha asegurado el portavoz de la asociación de jueces progresistas en un comunicado en el que ha escenificado su absoluta oposición a la modificación legal de la jurisdicción universal, cuyo trámite ha arrancado en el Parlamento.
Para la JpD, esta reforma “supone un evidente paso atrás en la lucha contra la impunidad en los crímenes de derecho internacional y en las posibilidades de actuación judicial en defensa de los derechos humanos a nivel global”. Asimismo, “impedirá la investigación judicial de delitos tan graves como el de genocidio, los crímenes contra la humanidad o determinados delitos vinculados a situaciones de conflicto armado, con independencia de su lugar de comisión”.
Desde este colectivo de jueces, Bosch advierte que cualquier cambio “provocará el archivo de numerosas causas que actualmente se están investigando en la Audiencia Nacional”. Entre estas, ha enumerado la causa por la querella sobre genocidio en el Tíbet; la investigación sobre la muerte de José Couso; o los procedimientos por genocidio en Guatemala, Ruanda o Sahara y del asesinato de Ignacio Ellacurría.
Frente a esto, con esta reforma sólo se “van a poder perseguirse a posibles autores si son españoles o si residan en nuestro país, pero no a quienes se encuentren en el extranjero, que es el caso más frecuente”. Algo que choca, según la JpD con que España fue “pionero en la lucha internacional contra los crímenes que tienen a la humanidad como sujeto pasivo”.
De ahí que, Jueces para la Democracia haya asegurado que si los españoles son víctimas en el extranjero “de algunos de los más graves delitos, como regla general, no van a poder tener la protección de nuestro sistema judicial”. Una situación que choca con los ‘beneficios’ que sacarán con estas reformas legales “los genocidas y los autores de graves crímenes contra la humanidad, que verán aumentar la impunidad en relación con sus delitos”.
