La Policía centra sus sospechas en uno de los dos abogados que fueron a los juzgados de Palma para sustituir al letrado Javier Saavedra. La Policía estrecha el cerco sobre quién fue la persona que filtró el vídeo de la Infanta Cristina declarando en los juzgados de Palma el pasado sábado. Aunque las sospechas apuntan a dos abogados que fueron como sustitutos del letrado Javier Saavedra, finalmente se fijan en uno de ellos.
Según una información de El Confidencial, la Policía se centra en una letrada sustituta que fue a la isla balear para participar en el interrogatorio que el juez Castro realizó a la Infanta por delito fiscal y blanqueo de capitales, por su participación al 50% de la sociedad Aizoon. Sin embargo aún se sigue investigando.
El propio Castro manifestó tener «sospechas» de quien ha podido ser el autor del vídeo grabado durante la declaración. «Tengo una sospecha, pero no la puedo desvelar», destacó. Asimismo, el magistrado consideró estos hechos como algo «incalificable».
Fuentes citadas por el nombrado medio, todavía no se sabe qué dispositivo fue utilizado para realizar la grabación, posteriormente filtrada a un medio de comunicación. Podría tratarse desde un aparato en las gafas hasta un bolígrafo.
Por otra parte, el decano del partido judicial de Palma, Francisco Martínez Espinosa, anunció la apertura de diligencias previas contra la persona que filtrase la fotografía y el vídeo, y atribuyó lo sucedido a un fallo del sistema por cuanto la persona en cuestión logró acceder al edificio judicial con un dispositivo que permitiera la grabación.
Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, esta conducta podría constituir un delito de desobediencia a una resolución judicial, por cuanto el juez Castro había prohibido que ninguna persona, durante la declaración de la Infanta, accediera al interior del edificio judicial de Vía Alemania con móviles, ‘tablets’, ordenadores portátiles o cualquier otro dispositivo apto para la captación de imágenes o sonidos. Una medida que también se aplicó él mismo así como los fiscales anticorrupción.
Con esta medida, el magistrado buscaba asegurar que ninguna grabación, ni de imagen ni sonido, se obtenga «fuera de los cauces habilitados para ello». El desacato de esta advertencia podría conllevar la apertura de un expediente sancionador por parte del Colegio de Abogados en el que esté inscrito el autor de los hechos, o su expulsión del mismo, además, a nivel penal, de ser castigado con pena de multa e inhabilitación.
