La hoja de ruta para privatizar el Registro Civil recobra toda su vigencia. UGT acusa a Gallardón de participar en reuniones secretas para entregar sus servicios a los registradores de la propiedad. Los viejos planes de Alberto Ruiz Gallardón, para privatizar el Registro Civil podrían estar más vivos que nunca. Así lo sospechan representantes sindicales de UGT, que acusan al ministro de Justicia de haber mantenido reuniones secretas para entregar el servicio público a los registradores de la propiedad.
Desde la sección de servicios públicos de UGT se acusa a Gallardón de “no abandonar su plan de privatización” para lo que habría mantenido una reunión el pasado 20 de enero con el decano de los registradores de la propiedad. Profesión a la que una vez más habría vuelto a apuntan como “los más idóneos” para prestar los servicios hasta ahora públicos del Registro Civil y que, por cierto, es la de su jefe de filas: el presidente de Gobierno Mariano Rajoy.
Al encuentro habría acudido también, según denuncia el sindicato, el mismo director general del Registro Civil, que se ha negado a explicar el futuro de la institución en la última mesa sectorial del Ministerio, celebrada el pasado 3 de febrero. Una exigencia que desde UGT presentaron el pasado 28 de enero y que recibió la callada por respuesta en un claro “cambio de estrategia” que se achaca a evitar la fuerte oposición con que se dio por terminado el anterior intento privatizador.
Para evitar la privatización que varios movimientos sindicales han denunciado ya, desde UGT se ha solicitado una reunión con el secretario de Estado y se ha pedido a los grupos políticos de la oposición que formulen una pregunta al respecto en el Parlamento, sin que por el momento la petición se haya concretado. De este modo, explican, quieren sacar a Gallardón del “absoluto mutismo y falta de diálogo” con que está gestionando el futuro del Registro Civil.
La semana pasada, colectivos de trabajadores de la institución representados por siete sindicatos protestaron frente a los juzgados de Bilbao para denunciar un “colapso intencionado” en el Registro Civil como argumento para facilitar su posterior privatización. Un movimiento que prevén que comience con el trasvase de algunas competencias hacia los registradores de la propiedad.
Así mismo, CCOO denunció a finales del mes pasado que el Ministerio no había puesto todo el empeño deseable a la hora de acabar con una plaga de ratones en el Registro Civil Central. En su lugar los cepos colocados dejaron “los roedores muertos en las trampas a la vista de todo el personal y del público”, señaló el sindicato.
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