A su juicio, de no haber sido Blesa el objeto de la investigación, jamás se habría visto sometido a un proceso por prevaricación. El juez Elpidio José Silva ha acudido este jueves al Tribunal Supremo para denunciar la campaña de desprestigio en la que se le ha hecho aparecer como “un juez desequilibrado, problemático y plurisancionado” desde que comenzó a investiga al expresidentes de Caja Madrid, Miguel Blesa. Por ello, ha emplazado al Supremo a dar una respuesta “contundente que haga recuperar la fe en nuestro sistema de Justicia demostrando que funciona”.
Así lo recoge en la querella que ha presentado contra el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Jesús Gavilán, que ha abierto juicio oral contra él. Silva le acusa de presuntos delitos de prevaricación, retardo malicioso en la Administración de Justicia y contra los derechos fundamentales.
En la querella, a la que ha tenido acceso Europa Press, su defensa expone que Silva ha sido miembro de la Carrera Judicial desde hace más de 20 años, «habiendo obtenido su plaza con el sexto puesto de su promoción y siendo Doctor en derecho y Premio Extraordinario en sus estudios Universitarios de derecho».
«Pese a llevar más de 20 años ejerciendo brillantemente su labor como magistrado, con una tasa de revocación de sus resoluciones muy baja, comenzó a sufrir una campaña mediática de acoso y desprestigio tras iniciar la instrucción de dos causas contra Miguel Blesa, amigo personal del expresidente del Gobierno José María Aznar».
Irregularidades y extremada celeridad
Advierte de que dicha campaña se incrementó tras la adopción de la medida cautelar de prisión adoptada contra el que fuera responsable de la caja madrileña hasta hacerle aparecer como «un juez desequilibrado, problemático, plurisancionado e, incluso, desahuciado».
Con todo, repasa las «irregularidades» y la «apresurada instrucción» que ha seguido el caso abierto en su contra, en el que ha habido «días de actividad procesal frenética» con el objeto de apartarle cuanto antes de su Juzgado, una situación que no tiene precedentes en la Administración de Justicia.
«Hay irregularidades en cuanto a la admisión de escritos de la Fiscalía que resultan extemporáneos y en los que figuran sellos de diferentes fechas que luego son tachados. Y hay escritos de acusación que son retenidos durante más de un mes sin ser trasladados a la defensa tal y como ordena la Ley de Enjuiciamiento Criminal», precisa.
Por último, expone que no alcanza a comprender el motivo por el cual el instructor ha excluido la amplía mayoría de los correos corporativos de Blesa del procedimiento y denuncia que ello le ha impedido ejercer su derecho de defensa.
