La Comunidad de Madrid niega haber entregado datos confidenciales a las adjudicatarias de los hospitales

Privatización sanidad

La Comunidad de Madrid niega haber entregado datos confidenciales a las adjudicatarias de los hospitales

Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid

El PSM insinúa que la Comunidad de Madrid habría facilitado datos sobre pacientes y empleados a las empresas a las que les iba a entregar la gestión de seis centros públicos. La Comunidad de Madrid ha negado hoy haber puesto en conocimiento de las adjudicatarias de hospitales (Ribera Salud, Sanitas y HIMA San Pablo) datos confidenciales de pacientes y trabajadores, como ha insinuado el PSM. El diputado socialista Antonio Miguel Carmona dio a entender ayer en una intervención en la Cadena SER que el Ejecutivo de Ignacio González habría entregado información sensible a estas empresas antes de cerrar el proceso.

“Las tres empresas no llegaron a firmar los contratos administrativos” y por tanto no gestionaban los hospitales, por lo que “no hubo entrega formal de cualquier tipo de dato para la gestión del hospital en ese sentido”. Con estas palabras ha respondido Salvador Victoria a los medios tras ser preguntado por la denuncia lanzada por los socialistas.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz de la Comunidad de Madrid ha insistido en varias ocasiones en que los contratos no se firmaron y, por tanto, las empresas adjudicatarias no llegaron a gestionar los hospitales ni a acceder a esa información.

Una versión que también han defendido fuentes de la Consejería de Sanidad, que han especificado a ElBoletin.com que en el caso de los pacientes “ninguna empresa tuvo acceso a datos de ningún tipo”, y en el de los trabajadores fue, en todo caso, de “aquellos que voluntariamente se los entregaron” para negociar sus contratos de cara a la futura entrada de las compañías para gestionar los hospitales. “La Consejería no ha facilitado información de ningún colectivo”, han aseverado esas mismas fuentes.

Esta contestación llega apenas unas horas después de que Antonio Miguel Carmona lanzase diversas acusaciones a través de la emisora del Grupo Prisa. En un ‘cara a cara’ con el diputado popular Francisco Granados, el parlamentario del PSM se preguntaba “qué hacían algunas empresas concesionarias que iban a ser adjudicatarias de los hospitales con despacho en hospitales antes del concurso”.

Tras ello, Carmona dijo que quería saber “si algunas empresas tienen información privada de los trabajadores” y dijo estar seguro de que algunas de ellas la tienen, y también sobre los instrumentos, porque iban a gestionar los hospitales. Es más, dijo tener la “sospecha” de que las adjudicatarias “tienen listas de información sobre las historias de los pacientes”, por lo que pidió que el consejero de Sanidad explicase estas cuestiones en la Asamblea de Madrid.

Indemnizaciones

Por otro lado, sobre una posible indemnización a las concesionarias ante la suspensión del proceso privatizador, Salvador Victoria ha afirmado ante las preguntas de la prensa que “no consta ningún tipo de reclamación por parte de las empresas”. Según el portavoz del Ejecutivo regional, “habrá que esperar a ver su postura, y también a que el nuevo consejero de Sanidad tenga una reunión con ellas”, ha afirmado.

Al ser preguntado de nuevo por esta cuestión, ha insistido en que “no consta formalmente ningún tipo de reclamación” y que la Comunidad de Madrid “estudiará” si se da la hipótesis de que “alguna plantease algún tipo de reclamación”, pero “ahora no está sobre la mesa”. Además, ha recordado que “los contratos no se llegaron a firmar porque la paralización judicial lo impidió”, por lo que no cabría indemnización alguna.

Y sobre las protestas de la Marea Blanca, Victoria ha dicho que “la decisión adoptada por el Gobierno de dejar sin efecto el proceso de externalización por la incertidumbre jurídica y judicial es un dato importante que no ha quitado que la Marea Blanca pretenda seguir con sus actuaciones”. En su opinión, eso demuestra que este proceso “no era la única excusa” para movilizarse.

Asimismo, ha recordado que el sucesor de Lasquetty, Javier Rodríguez, “ha manifestado su voluntad de diálogo y de entendimiento para ir de la mano de los profesionales y los ciudadanos”. “La voluntad del Gobierno es el mantenimiento de un sistema público, universal y gratuito, y estamos abiertos a cualquier propuesta que se haga a este respecto”, ha concluido Victoria.

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