CSI-F afirma que estas decisiones «injustas y abusivas» se producen en vísperas de la nueva Ley de Seguridad Privada, actualmente en trámite en el Senado. Las empresas de seguridad privada Prosegur y Securitas han comunicado a sus trabajadores su intención de iniciar procedimientos de despidos colectivos y descuelgue del convenio colectivo, respectivamente, con la consecuente bajada de retribuciones, según informa la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) en nota de prensa.
CSI-F afirma que estas decisiones «injustas y abusivas» se producen en vísperas de la nueva Ley de Seguridad Privada, actualmente en trámite en el Senado. «No parece razonable que por un lado se amplíen las competencias a estos trabajadores y por otro se les rebajen las retribuciones y condiciones de trabajo», explica el sindicato.
Prosegur ha comunicado este viernes su intención de iniciar el procedimiento de despido colectivo, así como la modificación sustancial de condiciones e inaplicación del convenio en todos los centros de la empresa. En los próximos siete días se iniciará un periodo de consultas con los sindicatos.
Por su parte, Securitas también ha anunciado a sus trabajadores su intención de «descolgarse» del convenio colectivo y, por tanto, no aplicar las condiciones de trabajo y las retribuciones pactadas con los representantes de los trabajadores. Securitas explica su decisión por la situación económica y productiva de la empresa.
El sindicato considera que estas decisiones «no están justificadas y esconden un intento de competencia desleal hacia el resto de las empresas»; por tanto, CSI-F anuncia que estudiará medidas en respuesta a la decisión de estas empresas.
En la misma línea, la compañía Secur Ibérica también ha trasladado al sindicato su intención de negociar con los trabajadores modificaciones sustanciales en las condiciones de trabajo, ante los costes «inasumibles» que debe soportar la empresa de no renegociarse un nuevo convenio colectivo.
En concreto, se refiere a la nueva obligación de cotizar por los pagos en especie que reciben sus empleados y al incremento salarial vegetativo, que supone, según la empresa, un incremento cercano al 8% de los costes. Por todo ello, apuesta por iniciar cuanto antes un proceso de negociación a nivel nacional para buscar soluciones de carácter colectivo que aseguren la supervivencia de la compañía.
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