Los vecinos afectados protestarán ante la sede del IVIMA por la venta de viviendas sociales puesta en marcha por el Gobierno de Ignacio González. Los afectados por la venta de viviendas públicas a inversores privados, que ha puesto en marcha el Gobierno de Ignacio González, han acordado celebrar una manifestación el próximo 15 de febrero que partirá a las 12:00 de Cuatro Caminos y finalizará ante la sede del Instituto de la Vivienda de Madrid, IVIMA, en la calle Basílica.
La decisión fue acordada en la primera asamblea regional de damnificados que tuvo lugar en Lavapiés, un encuentro que fue promovido Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y la Plataforma de Afectados por la Vivienda Pública y Social (PAVPS).
A pesar de que también estaban convocados los afectados por la venta de viviendas de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) de Madrid, la totalidad de asistentes procedía de promociones del IVIMA de municipios tan diversos como Majadahonda, Parla, Leganés, Getafe, Torrejón de Ardoz, Alcobendas y Madrid (de bloques del PAU de Vallecas y de La Ventilla), según informa la federación vecinal en su pagína web. Y aclara que la mayoría de los afectados que asistieron a la asamblea forman “parte del paquete de 3.000 viviendas que el Gobierno regional ya ha vendido a las empresas Azora y Goldman Sachs. Solo una minoría de afectados pertenecían a inmuebles que aún no han sido enajenados”.
Además, se informa que “con objeto de aumentar su presión y conseguir sus principales reivindicaciones, que pasan por el mantenimiento de las subvenciones al alquiler, la permanencia de los contratos y la paralización de los planes de venta existentes, los afectados aprobaron crear una coordinadora que agrupe a delegados de todas las promociones e incrementar su presencia en la calle con protestas
Hay que recordar la controvertida medida del Ejecutivo de Ignacio González de vender 3.000 viviendas a ‘fondos buitre, ya ha sido llevada los tribunales, ya que la PAH, la PAVPS y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid interpusieron en noviembre un recurso contencioso administrativo contra la Comunidad de Madrid para evitar lo que consideran un “desmantelamiento y expolio de la vivienda pública” y pidieron como medida cautelar la paralización del proceso.
