La infanta Cristina «ha decidido renunciar al derecho al recurso que, como ciudadana, le es conferido por la Constitución y comparecer voluntariamente» por el caso Nóos. Los abogados de la infanta Cristina renuncian a recurrir el auto por el que el juez instructor del ‘caso Nóos’, José Castro, la ha citado a declarar como imputada, por lo que la hija pequeña del Rey se ofrece a comparecer ante Castro en “la fecha que se señale a tal efecto”.
“S.A.R. ha decidido renunciar al derecho al recurso que, como ciudadana, le es conferido por la Constitución y comparecer voluntariamente ante el Ilmo. Sr. Juez Instructor en la fecha que se señale a tal efecto”, afirma un comunicado remitido por Roca Junyent recogido por la agencia Europa Press, en el que especifica que estas decisiones constan en un escrito presentado ante el Juzgado de Instrucción Nº3 de Palma de Mallorca.
La renuncia a recurrir era una de las alternativas que estaban valorando de cara a adoptar una decisión definitiva antes de que concluya el plazo del que disponen para impugnar la resolución, y que finalizaba el próximo miércoles.
El juez José Castro decidió imputar a la infanta Cristina en el marco del ‘caso Nóos’ por supuestos delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales en la gestión y manejo de fondos generados por los negocios sucios de su marido Iñaki Urdangarin. La hija del Rey deberá declarar el próximo 8 de marzo en Palma de Mallorca.
El magistrado señalaba en su auto que Urdangarin “difícilmente” pudo haber defraudado a Hacienda “sin, cuando menos, el conocimiento y aquiescencia” de su esposa, la Infanta, “por mucho que de cara a terceros” mantuviera “una actitud propia de quien mira para otro lado”.
Asimismo, decía no entender que la hija pequeña del Rey no estuviera “alertada” de las actuaciones de su marido, tanto por su “sólida formación” como por una intervención parlamentaria que 2006 llevó a cabo el diputado socialista Antoni Diéguez, en la que “se suscitaron dudas sobre las irregularidades del Instituto Nóos por beneficiarse de contrataciones públicas”.
La decisión de la imputación vino avalada únicamente por la acusación popular, ejercida por Manos Limpias. Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado se opusieron a este extremo al considerar que los indicios que pesan sobre la hija del Rey son meras conjeturas y sospechas sin fundamento penal.
