La AFEM dice que la Consejería de Sanidad cometió irregularidades al calcular el gasto por paciente de los hospitales a privatizar, lo que sería una razón más para anular el proceso. Los médicos no descansan en su lucha contra la privatización de hospitales ideada por Javier Fernández-Lasquetty, por lo que han decidido empezar 2014 anunciando una nueva batería de medidas judiciales contra el proceso. La Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) ha elaborado un informe en el que pone de manifiesto que la Consejería de Sanidad cometió irregularidades al calcular el gasto por paciente en los hospitales, también de los que quiere externalizar, lo que en su opinión sería una razón más para anular este proceso.
Así lo indicó ayer el presidente de este colectivo, Pedro González, en una rueda de prensa en el Colegio de Médicos de Madrid. Tal y como explicó, AFEM baraja solicitar en los tribunales nuevas suspensiones del proceso privatizador en caso de que el Pleno de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) levante la que pende actualmente sobre el mismo en la reunión del 9 y 10 de enero.
Y lo harán basándose en los nuevos datos que han recabado y que recogen en un informe. Concretamente, según explicó González, la Consejería ha cometido errores a la hora de realizar el cálculo del coste por habitante en la asistencia sanitaria, algo que en su opinión es “clave”, pues la externalización se sustenta en la reducción del coste económico de los centros.
Tras el análisis realizado por AFEM de los datos de facturación intercentros recogidos en la memoria económica de la Consejería, el colectivo afirma que se han cometido “graves errores” que invalidarían la externalización de los hospitales Infanta Leonor, Infante Cristina, Infanta Sofía, el Hospital del Sureste, el Hospital del Tajo y el Hospital del Henares.
La Asociación cree que dichos errores, referidos al coste asistencial calculado para los años 2011 y 2012, suponen un incumplimiento del contrato que se rubricaría con las adjudicatarias de los centros, ya que se han utilizado métodos distintos en cada ejercicio que no son equiparables, recoge Europa Press.
Concretamente, en 2011 se realizó mediante el método denominado Unidades de Complejidad Hospitalaria (UCH), que consiste en sacar una media de gasto y multiplicarlo por su un baremo de complejidad de la patología que presenta. AFEM sostiene que en este caso se han utilizado baremos de forma errónea pues no se aplican costes reales a aquellos hospitales a externalizar. Asimismo, los facultativos indican que se utiliza el coste del hospital de origen para fijar la UCH, y no el que hace el tratamiento para la facturación intercentros.
Por otro lado, en 2012 se usó el método del sistema de precios públicos, que no están actualizados pues utilizan las referencias de 2009 y no los de 2013, que son un 2% más baratos, lo que supone una pérdida económica de 52 millones de euros para el erario público si se comparan con los del año pasado.
Según dijo González, ambos métodos implican diferencias notables, ya que sólo como ejemplo en el caso del Gregoio Marañon hay una diferencia de 100 millones de euros entre el sistema UCH (396,2 millones) y el de precio público (295 millones). En opinión de la AFEM, los cálculos de Sanidad son un “disparate”, por lo que se plantean llevar este asunto ante los tribunales.
Docencia
Por otro lado, González también anunció que los servicios jurídicos de AFEM estudian solicitar de nuevo la suspensión cautelar de la externalización basándose en argumentos relativos a la docencia. Según los médicos, con este proceso la Comunidad de Madrid se erige como autoridad competente en materia de formación de especialistas, docencia de pregrado o el desarrollo de la actividad investigadora, campos que son responsabilidad directa de la Administración del Estado y se verían afectadas con la externalización de estos seis hospitales.
Un argumento que consideran razón suficiente para mantener la suspensión cautelar del proceso, aunque de no ser así estudiarán si las posibles nuevas solicitudes de suspensión se plantean por vía cautelar o cautelarísima.
Martínez Tristán
Asimismo, la AFEM ha emitido un comunicado en el que informa de que han presentado un incidente de nulidad contra la decisión adoptada por el juez Francisco Gerardo Martínez Tristán días antes de abandonar su puesto como presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJM.
Según han explicado los facultativos, el magistrado que fue elegido vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) “decidió resolver él mismo el recurso de reposición interpuesto por AFEM contra el Acuerdo que él mismo dictó y que elevaba al Pleno la resolución de todos los recursos referentes a la privatización sanitaria”.
De esta forma, el 17 de diciembre de 2013, notificado en fecha 23 de diciembre de 2013, “el ya expresidente del Contencioso Administrativo del TSJM resolvió desestimar dicho el recurso dos días antes del nombramiento que lo inhabilitaría para dictar dicha resolución -ya que su cargo en el CGPJ requiere dedicación exclusiva- y notificándolo una vez había sido nombrado”.
En opinión de AFEM, esto “conlleva una situación cuanto menos delicada tanto para la resolución de una posible subsanación y/o aclaración de la misma resolución, como para la resolución del presente incidente, al igual que se entiende que puede afectar a su objetividad e imparcialidad”.
La decisión, que califican de “sorprendente”, “vulnera lo establecido por el propio Acuerdo de Marínez Tristán, en el que textualmente se indicaba que a partir de ese momento, “en todos los procedimientos, para el despacho ordinario de la Sala, se compondrá del Presidente de la Sala, el Presidente de la Sección correspondiente y el ponente que ya viniera establecido en la Sección de origen. Para el resto de las resoluciones resolutorias de todos los recursos e incidentes que estén planteados o pudieran surgir en estos procesos y el dictado de las sentencia, la decisión corresponderá al Pleno de la Sala”.
La AFEM recuerda que “no es al presidente de la Sala a quien compete la resolución de dicho recurso”, por lo que presentó ayer mismo un “incidente de Nulidad de Actuaciones” del auto dictado por el Martínez Tristán en el que solicita “que sea dictada resolución frente al recurso de reposición por el órgano competente para ello”.