El ministro del Interior, Jorge Fernández, ha reconocido que hay que satisfacer a un sector que da trabajo a 90.000 personas y factura 3.600 millones. Según una información de El País, lo que pretende el Gobierno de Rajoy con la nueva Ley de Seguridad Privada es tener contento a su electorado natural, además de que el partido siempre ha sido proclive de ampliar los espacios de este sector. Por ello, la oposición siempre ha acusado a los ‘populares’ de tener lazos muy estrechos con las compañías de seguridad privada.
El propio ministro del Interior, Jorge Fernández, ha admitido que esta ley está ideada, entre otras cosas, para que las empresas de seguridad privada tengan más negocio. Desde el propio Ministerio afirman que en España hay menos vigilantes privados, por habitantes, que en Alemania, Francia o Reino Unido, aunque más que en Italia. Interior ha redactado por tanto esta enmienda para satisfacer a un sector que da trabajo a 90.000 personas y factura 3.600 millones de euros anuales.
Esta Ley de Seguridad Privada sacará a policías y guardias civiles de muchas labores de vigilancia, así como permitirá la entrada de vigilantes en todos los espacios públicos habidos y por haber: exterior de las cárceles y de algunos edificios públicos, tal y como recoge el citado diario digital.
Interior reconoce, incluso, que la norma está pensada para que crezca la seguridad privada, pero no para que sustituya a la pública. Es más, el Ministerio reitera que los vigilantes ya detenían a personas antes, pese a que la oposición se le haya echado encima.
Aunque PSOE, IU y UPyD no van a ser los únicos que están en contra de esta ley. Sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil ya mostraron ayer miércoles el rechazo a esta norma. Según Servimedia, el portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José María Benito, vaticinó que habrá “muchos problemas” entre la policía y los vigilantes privados con la nueva enmienda. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) afirmó estar “totalmente en contra” porque considera que supone “una privatización encubierta” de la seguridad pública y habilita a “policías baratos” y menos formados.
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