El PSOE ha llevado al Congreso una iniciativa para que el exconsejero de Sanidad de Esperanza Aguirre no gestione los centros hospitalarios de estas regiones. Manuel Lamela vuelve a estar en el punto de mira por sus relaciones con el mundo sanitario. Tras ser imputado por las primeras privatizaciones de hospitales en Madrid, el que fuese consejero de Sanidad con Esperanza Aguirre vuelve a ser objeto de controversia ya que podría hacerse con la gestión de los hospitales de Ceuta y Melilla. El PSOE no está dispuesto a consentirlo, y ya ha presentado una iniciativa en el Congreso para intentar frenar esta posibilidad.
Los socialistas no quieren que un imputado por presunto delito de cohecho y prevaricación por la privatización de la gestión de los hospitales madrileños vaya a encargarse de los centros públicos de Ceuta y Melilla. Por ello el PSOE ha registrado una proposición no de ley en la Cámara baja en la que exige que se blinde la Sanidad pública en las ciudades autónomas y en la que muestra su rechazo a que se opte por una gestión externalizada.
Esa parece ser la pretensión del Ministerio de Sanidad, del que depende la gestión de los hospitales de Ceuta y Melilla. El departamento que dirige Ana Mato se encarga de la sanidad pública en las ciudades autónomas a través del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), a pesar de que el resto de comunidades autónomas tienen transferidas las competencias en esta materia, y ha contratado a Manuel Lamela para que cambie la gestión de los hospitales de estas regiones.
Precisamente el PSOE presentó a finales de noviembre en el Congreso una petición de comparecencia de la ministra Mato para que explicase esta cuestión, aunque de momento no ha habido respuesta. Mientras tanto, recoge Europa Press, las informaciones que apuntan a la entrada de Lamela en la sanidad pública de Ceuta y Melilla ha alarmado a diversos colectivos sociales.
Muchos han expresado su preocupación ante la posible privatización de hospitales y centros de salud, señalan los socialistas, que recuerdan que los servicios sanitarios son un elemento de garantía de protección de la salud de los ciudadanos y un elemento de cohesión y pertenencia a un proyecto social común, por lo que es necesario blindarlos frente a los ‘ataques’ del PP.
