El ministro del Interior ha señalado que la Ley de Seguridad Ciudadana va a pasar “todos los filtros jurídicos” como un informe del CGPJ y del Consejo de Estado. El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la Ley de Seguridad del Gobierno del Ministerio del Interior, ya que, según ha defendido Jorge Fernández Díaz, era necesario “actualizar el marco jurídico que regula esta materia de enorme importancia” y que se regía por una ley de hace dos décadas. Eso sí, en ningún momento se violará ningún precepto de la Constitución, ha señalado el ministro ante el aluvión de críticas recibidas por esta norma.
“Proporciona un marco legal sistemático que, hasta ahora era inexistente”. Y es que, según Fernández Díaz, por primera vez “se define el concepto de seguridad ciudadana con arreglo al concepto del Constitucional”, provocando que el texto gane “notablemente en garantías”.
Asimismo, esta ‘Ley Anti 15M’, tal y como la han denominado en las redes sociales, va a pasar “a informe de la Agencia Española de Protección de Datos, también del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), del Consejo Fiscal y del Consejo de Estado”. “Todos los filtros jurídicos precisos” para dar validez a la nueva ley que incluye un régimen sancionador y que algunos colectivos habían tachado de inconstitucional.
Para el ministro del Interior, esta norma “será la consecuencia de una iniciativa despenalizadora del Gobierno que ha valorado que ciertos comportamientos” deben pasar a ser sanciones administrativas.
De ahí que haya asegurado que “el espíritu que guía al Gobierno no es otro que el de promover un texto legal que garantice más y mejor la convivencia pacífica de los españoles” frente a conductas violentas.
Lo que dice el ministro cuando habla de la despenalización es que esta nueva ley deja a los ciudadanos a los ciudadanos sin la protección de un juez y del sistema judicial. Es decir, más desamparados que en la actualidad. Asimismo, supone un claro mensaje hacia la magistratura, ya que estos comportamientos dejan de ser penales y se convierten en faltas administrativas en las que decidirán las delegaciones del Gobierno.
Respecto a las reuniones y manifestaciones, el único requisito que fija esta norma es que se comunique. “Así ha sido y seguirá siendo con esta ley, no modifica para nada la ley orgánica reguladora del derecho a reunión”, ha remarcado el titular del Interior que ha afirmado que este derecho está “plenamente garantizado”.
Su incumplimiento será una “sanción leve”, únicamente habrá multas “graves” para aquellos comportamientos violentos.
