El PSOE pide cuentas en la sesión de control al Gobierno al ministro del Interior sobre la futura Ley de Seguridad Ciudadana. El secretario general del Grupo Socialista en el Congreso, Eduardo Madina, tiene previsto interpelar este miércoles durante la sesión de control al Gobierno al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, sobre las sanciones que piensa incluir en la futura Ley de Seguridad Ciudadanauna norma que, según el primer partido de la oposición, persigue “la represión de los ciudadanos” y de las “nuevas formas de protesta” surgidas al calor de la redes sociales.
Dos semanas después de ese debate, el PSOE someterá a votación en el Pleno una moción para que todo el arco parlamentario pueda pronunciarse sobre el proyecto que prepara Interior y que aún no ha pasado por el Consejo de Ministros.
La portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez, ha vuelto a descalificar este martes los planes de Interior y ha acusado al Gobierno de querer pasar «de la mayoría silenciosa» a la que «tanto apela» a una «mayoría silenciada».
También ha recordado al Ejecutivo que ni esta norma ni la anunciada Ley de Servicios Mínimos que, a su juicio supone una «Ley de Huelga encubierta», pueden aprobarse sin consenso con el resto del arco parlamentario porque ambas afectan al «corazón de la Constitución», informaba Europa Press.
El pasado lunes, Interior adelantó que la futura ley incluirá multas de entre 1.001 y 30.000 euros por insultar a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante una manifestación; el uso y distribución de imágenes de policías será multado con entre 30.001 y 600.000 euros y la concentraciones frente a las instituciones, como el Congreso, que no hayan sido comunicadas se sancionará con un máximo de 600.000 euros.
Además, los padres tendrán que pagar los daños que ocasionen sus hijos en la calle, la Policía podrá establecer «zonas de seguridad» contra los escraches y se considerará infracción grave ofrecer o aceptar servicios de prostitución en la vía pública cerca de espacios de menores (colegios, guarderías, parques…) o en aquellos lugares que puedan afectar a la seguridad vial.
Según el PSOE, con estas propuestas, el Gobierno persigue restringir «por vía administrativa» las «nuevas formas de protesta» que han ido surgiendo en los últimos años y que se han aglutinado en torno a movimientos ciudadanos como el 15-M o las denominadas ‘mareas’. A su juicio, este proyecto supone «una limitación inaceptable e injustificada de los derechos y las libertades» que puede producirse, además, sin la intervención de ningún órgano jurisdiccional».
Así, denuncia que Interior recurra «a la instrumentalización del derecho sancionador administrativo» para «reprimir la exteriorización y expresión de la protesta social» que se ha producido por todos los recortes de derechos y libertades sociales y laborales impulsado por el Ejecutivo.
También cargan contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por haber defendido este proyecto «con el falaz argumento» de que servirá para garantizar la «libertad y la seguridad de los ciudadanos» cuando, en realidad es «la expresión de una forma de gobernar basada en el autoritarismo».
