El fiscal pide dos años y cuatro meses de prisión para el expresidente de la CEOE por no declarar los beneficios obtenidos con la compra de Aerolíneas Argentinas. Expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán se sentará el próximo miércoles por primera vez en el banquillo de los acusados en un juicio en el que el fiscal pide para él dos años y cuatro meses de prisión por no declarar los beneficios obtenidos con la compra de Aerolíneas Argentinas por Air Comet.
Además del exdueño de Marsans, en el juicio, que se celebrará en la Audiencia Nacional hasta el próximo viernes, también está acusado el expresidente de Air Comet Antonio Mata, para quien el Ministerio Público pide la misma pena por un delito contra la Hacienda Pública, según informa a la agencia Efe.
La vista, señalada inicialmente para el pasado mes de febrero, fue aplazada debido a que una comisión rogatoria solicitada a Argentina como prueba anticipada por una de las partes no estaba correctamente cumplimentada.
Los hechos se remontan a 2001, cuando la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) vendió a Air Comet el 99,2 % de Interinvest, una mercantil domiciliada en Argentina que a su vez era propietaria del 92,1 % del capital de Aerolíneas Argentinas.
El precio de venta fue de un dólar, pero la SEPI se comprometió también a aportar a Interinvest hasta 300 millones de dólares que Air Comet debería destinar a satisfacer pagos a los acreedores de la sociedad adquirida.
Según el escrito de conclusiones provisionales del fiscal Miguel Ángel Carballo, el contrato de venta fue suscrito por Díaz Ferrán en nombre de Transportes de Cercanías; por su socio Gonzalo Pascual, ya fallecido, en representación de Segetur; por Mata, en nombre de Air Comet -actualmente en liquidación-, y por la SEPI.
Air Comet, sin embargo, utilizó el dinero no para pagar a los acreedores, sino para subrogarse en su posición en el proceso de suspensión de pagos, lo que le permitió posteriormente recuperar el 40 % de lo invertido gracias al convenio aprobado por Aerolíneas Argentinas para saldar sus deudas.
De esta forma, los acusados dejaron de ingresar a Hacienda una cuota de 99 millones de euros en concepto de Impuesto de Sociedades, cantidad con la que según el Ministerio Público pide que indemnicen al fisco.
