El Gobierno multará con hasta 600.000 euros a quien convoque manifestaciones o concentraciones frente a organismos estatales por Twitter o Facebook. La nueva Ley de Seguridad Ciudadana que prepara el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha sido rebautizada por los internautas como ‘Ley Anti 15M’. Cientos de usuarios de las redes sociales han criticado la norma con la que el Gobierno quiere acabar con las protestas frente al Congreso y otros organismos estatales, ya que prevé multas de hasta 600.000 euros a quienes convoquen concentraciones de este tipo a través de Twitter o Facebook.
La lluvia de críticas ha llegado a través del hashtag #LeyAnti15M, que rápidamente se ha convertido en trending topic. Muchos usuarios cargaban contra la norma que prepara Interior y decían que “lo único que nos quedaba era salir a la calle a protestar, y hasta eso quieren quitarnos”, mientras que otros aseguraban que “el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana es una buena noticia porque confirma que el miedo está cambiando de bando”.
Asimismo, el portavoz de Equo, Juan López de Uralde, indicaba que “todos deberíamos rechazar esta #LeyAnti15M porque todos tendremos algún motivo para salir a la calle a protestar”, y los Jóvenes de IU aprovechaban su cuenta en Twitter para asegurar que “sin duda, cada vez es más evidente que el capitalismo es incompatible con la Democracia”.
Por su parte, las plataformas que se verán afectadas por esta norma, como Democracia Real Ya, aseguraban en la red social de microblogging que volvemos a viejos tiempos, recordando que en 1954 sacaron la Ley de vagos y maleantes, y ahora en 2013 tenemos la Ley de Seguridad Ciudadana.
Según la nueva norma que el Gobierno llevará el viernes al Consejo de Ministros, insultar, vejar, amenazar o coaccionar a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante una manifestación será considerado como una infracción administrativa “grave” y podrá sancionarse con entre 1.001 euros y 30.000 euros de multa.
Asimismo, el texto que ha elaborado el Ministerio de Interior también contempla como infracción “muy grave”, sancionada con entre 30.001 y 600.000 euros, el uso y la distribución de imágenes de los policías, así como datos personales de los agentes con fines que puedan suponer un atentado contra su intimidad, su familia o que puedan poner en riesgo una operación, recoge Europa Press.
En total habrá 21 infracciones consideradas “muy graves” y la mayoría de ellas estarán, según el departamento de Fernández Díaz, destinadas a preservar el orden público. En este sentido, las concentraciones frente a las instituciones del Estado, como el Congreso, cuando éstas no hayan sido debidamente comunicadas y con independencia de que las Cortes se encuentren en ese momento reunidas será sancionado con hasta 600.000 euros y en ello se incluye, además de a los participantes, a quienes las convoquen, dirijan o presidan.
La perturbación del orden público en espectáculos, acontecimientos deportivos u oficios religiosos y demás actos públicos también se considerará “muy grave”, así como las manifestaciones sin autorización en torno a las consideradas infraestructuras críticas como, por ejemplo, una central nuclear o un aeropuerto.
Y participar en disturbios con capuchas, gorros, pañuelos o máscaras a efectos de dificultar la identificación por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado será considerado también como infracción grave.
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