Empleados públicos de toda España se concentran a las 12 horas frente a ayuntamientos por una medida que afecta a las “condiciones laborales de 550.000 trabajadores”. Los funcionarios de toda España salen este mediodía a las calles contra la aprobación de la reforma de la Administración Local de Cristóbal Montoro que tendrá lugar la semana que viene en el Senado. Los sindicatos han convocado a los empleados públicos a una concentración frente a ayuntamientos y diputaciones para denunciar que esta medida “afectará directamente sobre la calidad de los servicios básicos y las condiciones laborales de unos 550.000 trabajadores”.
En especial, esta manifestación se celebrará en Madrid frente al consistorio de Ana Botella en la Plaza de Cibeles de la capital en la que desde las 12 de la mañana estos funcionarios escenificarán su rechazo contra la reforma impulsada por el Ministerio de Hacienda.
Así lo señala CSIF en un comunicado en el que critica también que el Gobierno legisle “a espaldas de los ciudadanos y de los empleados públicos”, sin tener en cuenta las repercusiones de sus decisiones. Y es que, desde este sindicato se “teme que la estabilidad laboral de al menos 120.000 funcionarios está seriamente comprometida” con esta reforma.
Esta protesta no sólo tendrá lugar en Madrid, sino que se repetirá a la misma hora, las 12 de la mañana, en las principales ciudades de España. Desde Sevilla a León, pasando por otras muchas capitales autonómicas, los funcionarios y sus representantes sindicales alzaron la voz contra Montoro y su reforma.
Junto a esto, sindicatos como CSIF han reclamado la convocatoria urgente de las mesas de negociación “para establecer garantías para la estabilidad de los empleados públicos, la calidad y el carácter público de los servicios que reciben los ciudadanos, en el desarrollo de la norma”, según señalan en un comunicado.
Incluso, recuerdan al Gobierno de Mariano Rajoy las “múltiples sentencias” que les está dando la razón, como la de la retirada de la paga extraordinaria a los empleados públicos. De ahí que aconsejen al Ejecutivo que piense antes de anunciar una medida de este tipo “para evitar la constante judicialización de sus decisiones, como previsiblemente va a ocurrir con esta norma”.
