Los inquilinos afectados por la venta de viviendas sociales llevan a los tribunales a Ignacio González
Vivienda social

Los inquilinos afectados por la venta de viviendas sociales llevan a los tribunales a Ignacio González

Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid

La PAH y las asociaciones de vecinos de Madrid también convocan una manifestación para el próximo sábado 9 de noviembre. El presidente de la Comunidad de Madrid deberá responde ante el juez de la venta de viviendas sociales a entidades privadas, ya que decenas de ciudadanos, que residen en dichos pisos en régimen de alquiler, han presentado un recurso contencioso administrativo con el objetivo de paralizar dicho proceso, según ha informado en un comunicado la Federación Regional deAsociaciones Vecinales (FRAVM)

La Fravm recuerda que “la Comunidad de Madrid ha vendido ya más de 3000 viviendas a entidades privadas como Lazora y Goldman Sachs, y ahora tiene previsto hacer lo mismo con otros 1.500 inmuebles, que se encuentran en los municipios de Madrid, Navalcarnero, Alcalá de Henares, Móstoles y Leganés, entre otros” y denuncia que “ Esto supone desprenderse de un patrimonio de todos los ciudadanos de la región destinado a garantizar el derecho a una vivienda de colectivos con menos recursos, algo de enorme gravedad en los momentos que vivimos”.

Recuedan desde la federación, que el pasado mes de agosto, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y la Plataforma de Afectados por la Vivienda Pública y Social (PAVPS) anunciaron que si la Comunidad continuaba su plan de venta de parte de su parque de vivienda pública emprenderían acciones legales.

Y han cumplido sus advertencias ya que “esta semana, a instancias de estos colectivos y de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) decenas de ciudadanos afectados por la venta de sus viviendas, en las que residen en régimen de alquiler, han presentado un recurso contencioso administrativo con el objetivo de paralizar un proceso de privatización de la vivienda pública que atenta contra derechos fundamentales de los y las inquilinas”.

“El recurso incluye la solicitud de medidas cautelares para suspender el proceso de enajenación de las viviendas públicas hasta que se resuelva el caso en los juzgados”, explican.

Además, señalan que estas acciones legale vendrán acompañadas con movilizaciones en la calle. La primera de estas tendrá lugar el próximo 9 de noviembre con una manifestación que partirá a las 18h de la sede de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) y concluirá en la plaza de Cibeles bajo el lema “Derecho a vivienda para tod@s. Fuera fondos buitre. Contra la estafa financiera”.

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