Lamela y Güemes, imputados por cohecho y prevaricación

El juez Marcelino Sexmero también ha definido las acusaciones contra la viceconsejera, Patricia Flores, y el director de Hospitales, Antonio Burgueño, a los que ha imputado por malversación de caudales públicos. Manuel Lamela y Juan José Güemes tendrán que responder ante la justicia por llevar a cabo las primeras privatizaciones sanitarias en la Comunidad de Madrid. Los exconsejeros de Esperanza Aguirre fueron imputados por el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de la región, Marcelino Sexmero, el pasado mes de junio, aunque no ha sido hasta ahora cuando el magistrado ha definido la acusación. Ambos están imputados por cohecho y prevaricación, ya que tras su etapa en el Gobierno regional pasaron al ámbito privado, beneficiándose supuestamente de las externalizaciones.

Así lo indica el magistrado en el auto dado a conocer hoy, y que ha adelantado El Mundo. En él, Sexmero responde a varios recursos de reforma interpuestos por varios de los imputados en la causa tras su decisión de junio, desestimándolos, y explica de qué acusa a Lamela y Güemes.

Los exconsejeros de Sanidad madrileños están imputados por prevaricación y cohecho, mientras que la cúpula actual de la Sanidad madrileña, (la viceconsejera Patricia Flores y el director de Hospitales, Antonio Burgueño), está acusada de malversación de caudales públicos. Por su parte, las empresas que gestionan privadamente la Sanidad pública (Capio, Ribera Salud, Unilabs, Asisa y la Fundación Jiménez Díaz UTE) también han sido imputadas por cohecho, ya que su participación fue necesaria para que Lamela y Güemes cometiesen ese mismo delito.

No obstante, a pesar de que Sexmero ya ha concretado de qué acusa a cada uno, existe un recurso de apelación interpuesto contra la admisión a trámite de la querella, que deberá ser resuelto por la Audiencia Provincial de Madrid. Si este órgano revoca la decisión de este juez, podría eliminar la única acción penal que hay abierta contra los procesos de privatización que ha implementado la Comunidad de Madrid en los últimos años. Una proceso, el penal, que se puso en marcha tras un recurso de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM).

Precisamente, hace unas semanas el juez Marcelino Sexmero denunció presiones de la Fiscalía para que abandonase su investigación. Asimismo, aseguró que se había visto obligado a suspender los interrogatorios de los exconsejeros de Sanidad y del resto de imputados porque la Consejería que dirige Javier Fernández-Lasquetty no le había facilitado la información requerida.

La querella de AFEM carga contra la ‘puerta giratoria’ que ambos consejeros usaron para trabajar en el ámbito privado tras su salida de la Administración. En este sentido, los médicos recuerdan que Lamela creó una sociedad entre cuyos clientes estuvo Capio, y que Güemes trabajó para Unilabs, el laboratorio que había conseguido, durante su época en la Consejería de Sanidad, el contrato para el recién privatizado servicio centralizado de análisis clínicos.

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