El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha trasladado a la Fiscalía la “desobediencia judicial” de la alcaldesa por incumplir reiteradamente una sentencia dictada hace nueves años sobre la lujosa urbanización de Valdemarín. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha trasladado a la Fiscalía la “desobediencia judicial” de Ana Botella por incumplir reiteradamente una sentencia dictada hace nueves años sobre la lujosa urbanización de Valdemarín.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) dicté el pasado mes de mayo un auto en el que los jueces responsabilizan personalmente a Ana Botella, de hacer ejecutar una sentencia firme del año 2004 que el Consistorio aun no ha aplicado, por lo que han dado traslado del caso a la Fiscalía del presunto delito de desobediencia de la alcaldesa a la autoridad judicial, según informa hoy vozpopuli.com .
El diario explica que la sentencia en cuestión que aún no se han cumplido se refiere a unas edificaciones ilegales en la exclusiva zona de Valdemarín, “una de cuyas sentencias fue dictada hace nueve años sin que el Consistorio madrileño la haya obedecido”, una pasividad de la que “los jueces han responsabilizado de forma personal a Botella, sobre la que además recaerá una sanción económica”.
Señala este medio online que el proceso se refiere a una serie de edificaciones en Valdemarín, en la zona noroeste de Madrid, en la que comenzaron a levantarse bloques de apartamentos turísticos, en contra de lo que indicaba el planeamiento original, que reservaba el terreno a la construcción de viviendas unifamiliares, lo que originó la presentación de diversas denuncias contra el Ayuntamiento de Madrid por parte de los vecinos.
Señala vozpopuli.com que una de estas denuncias obtuvo sentencia firme en febrero de 2004, una resolución judicial que instaba al Ayuntamiento de Madrid a declarar ilegales una serie de obras realizadas en dicha comunidad, pero que que “pesar de esta sentencia y de numerosos autos de ejecución dictados por los tribunales, el Consistorio madrileño ha hecho siempre oídos sordos”.
Por ello, y siempre según este medio de comunicación, el “TSJM decidió que, a partir de ahora, la alcaldesa en persona sea la que se responsabilice de este asunto. Así, ha sido la propia Ana Botella la denunciada ante la Fiscalía por un presunto delito de desobediencia a la autoridad judicial y también la que deberá asumir, en persona, la multa coercitiva de 300 euros por cada mes que transcurra sin que la sentencia sea ejecutada”.
Como el auto fue emitido en mayo y daba dos meses de plazo para llevar a cabo esta ejecución, Botella acumula ya tres meses de sanción, es decir, 900 euros de multa.
