La idea es formar una cadena humana para defender las competencias da la administración más cercana a la ciudadanía. A iniciativa de la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (Fravm) ha convocado una concentración ante el Ayuntamiento de Madrid el próximo miércoles 30 de octubre para reclamar la retirada de una reforma local, a la que se han sumado CCOO y UGT.
La idea es formar una cadena humana rodeando el Consistorio bajo el lema ‘Defiende tu Ayuntamiento: por la democracia local y los derechos sociales’, y la movilización se ha convocado a nivel nacional.
Los colectivos vecinales considera que la reforma local, “con el pretexto de la sostenibilidad económica, está dirigida a eliminar competencias municipales, entre ellas las referidas a la prestación de servicios de proximidad básicos y a convertir los ayuntamientos en meros gestores administrativos”, tal y como explica la Fravm en su página web.
Recuerda la Fravm que “desde que en 1979 se celebraron las primeras elecciones municipales democráticas, los ayuntamientos, la administración más cercana a la ciudadanía, han prestado servicios de importancia vital para garantizar los derechos de ciudadanía (educación infantil, atención a mayores y a personas migrantes…)”.
Subrayan los colectivos de vecinos que “los ayuntamientos son la administración más cercana a la gente, la que ha atendido de manera más rápida sus demandas y la que ha estado más atenta a las necesidades de las personas más necesitadas”.
Informan las asociaciones vecinales madrileñas que “en 2012 los ayuntamientos invirtieron más de 3.500 millones de euros en prestaciones que deberían asumir las autonomías. A pesar de ese enorme esfuerzo económico, la deuda de la administración local, incluidas las diputaciones provinciales apenas alcanza el 4% del PIB, frente al 88% del resto de administraciones”.
Y denuncian que “la sostenibilidad económica no justifica, por tanto, la reforma local que quiere llevar a cabo el Gobierno de la Nación”.
UGT y CCOO creen, como también denuncia el movimiento vecinal, que si se aprueba definitivamente el proyecto de ley, según está redactado actualmente, los ciudadanos perderán múltiples servicios públicos porque nadie los prestará y otros pasarán a ser privatizados, por lo que sólo los disfrutarán quienes puedan pagar por ellos. Además, a la pérdida de prestaciones públicas creen que se debe sumar la pérdida de empleo que llevará asociada, informa Europa Press.
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