Los primeros espadas del PP están muy preocupados por las consecuencias electorales de la decisión del Tribunal de Estrasburgo de suspender la doctrina Parot. Incluso hay quien reprocha a Rajoy su tardanza en dar una respuesta. La posible pérdida de votos que puede acarrear un enfrentamiento entre el Gobierno y las víctimas es incalculable. Y beneficiaría sobre todo a UPyD, porque su líder, Rosa Díez, desde los tiempos en los que militaba en el Partido Socialista de Euskadi, tiene acreditada una total sintonía con estos colectivos con los que ha luchado codo con codo en la calle contra el terrorismo.
Y se mantiene en esa línea dura que ahora que está en el Gobierno al PP le cuesta mantener. Por eso, quizá Rajoy, que lo tenía difícil, se tomó su tiempo antes de responder. Quizá demasiado. El silencio del presidente del Gobierno ante las preguntas de la prensa sobre la sentencia, y su afirmación grabada en vídeo y difundida por las redes sociales de que “llovía mucho” no fueron las mejores opciones para sortear una situación complicada.
La reacción del día siguiente fue tardía. De nada sirvió que Alberto Ruiz Gallardón, el ministro de Justicia, y Jorge Fernández Díaz, el ministro del Interior, mantuvieran reuniones con los representantes de las dos asociaciones más cercanas al partido. La petición de sus cabezas visibles era inequívoca: querían que el Gobierno decidiera no acatar la sentencia.
A partir de ahí, y a toda prisa, el partido nacional y el propio Gobierno intentó corregir el tiro. Espoleado una vez más por Esperanza Aguirre y el PP de Madrid que, desde el primer momento, anunciaron, por ejemplo, que iban a asistir a la manifestación convocada por la AVT para protestar contra la decisión del Tribunal de Estrasburgo.
Y ¿también contra el Gobierno y contra Rajoy? En principio todo parecía indicar que sí. Más aún, cuando, tras la reunión de urgencia en La Moncloa convocada por el presidente, tanto Angeles Pedraza, presidenta de la AVT, como Mari Mar Blanco, presidenta de la Fundación de las víctimas, se mostraron decepcionadas.
Lo único que sacaron en claro de la reunión fue que el Gobierno se esforzaría, y estaban convencidos de que ese ánimo estaba también en los jueces para evitar una salida en tromba de etarras de las cárceles y el evanescente compromiso de apoyar una manifestación que esperan que no sea contra el Ejecutivo y tampoco podría ser contra Estrasburgo.
¿Entonces para que salen las víctimas a la calle? Y, sobre todo ¿contra quién? La multiplicación de mensajes, incluido el del propio Rajoy de que la decisión del Tribunal Europeo ‘es una sentencia repugnante’ pero que hay acatarla. Sólo ha funcionado a medias.
Lo mismo que otros movimientos habituales, como el recurso contra la sentencia del caso Faisán, o el intenso bombardeo de los medios afines, con la colaboración de Faes, para situar en el PSOE y en Zapatero y Rubalcaba el origen de una decisión judicial europea que puede acelerar la salida de la cárcel de medio centenar de etarras.
Sin embargo, la carta, quizá definitiva, es la aprobación en el Consejo de Ministros del estatuto de la Víctima del Delito que permitirá que las víctimas puedan recurrir la libertad condicional, los permisos y beneficios penitenciarios de sus agresores.
Este anteproyecto de ley, a propuesta de Gallardón, irá destinado a las víctimas de delitos de terrorismo, homicidio, lesiones y contra la libertad sexual penados con más de cinco años de cárcel, es decir, la mayoría de los delitos graves, o cuando se traten de hechos que puedan derivar una situación de peligro para la víctima.
El anuncio se producía casi en paralelo con la salida fulgurante de la cárcel del etarra Juan Manuel Píriz López, quien ha salido de la prisión de Algeciras esta tarde gracias a la derogación de la doctrina Parot. Ha sido el segundo etarra en salir de prisión después de que Estrasburgo derogarara el pasado lunes la doctrina Parot con la libertad de la terrorista Inés del Río.
Sin embargo, hoy, la otra terrorista que estaba previsto que quedara en libertad, Josefa Mercedes Ernaga, la Audiencia Nacional aplazó a un Pleno para el 8 de noviembre la decisión. Todo un símbolo del ritmo pausado con que los jueces van a abordar el proceso. O eso quieren dar a entender.
Aún así, otro de los símbolos humanos de la lucha contra el terrorismo, Consuelo Ordóñez, la hermana de Gregorio Ordóñez, el concejal del PP se San Sebastián asesinado, ha sido hoy muy dura. Ha denunciado la instrumentalización que quiere hacer el PP.
La presidenta del colectivo de víctimas del País Vasco ha denunciado este viernes la «instrumentalización» que, a su juicio, el PP está haciendo de la concentración convocada por las víctimas del terrorismo para el próximo domingo, según Público. Ordóñez ha dicho que «es vergonzosa la instrumentalización que está haciendo el partido del Gobierno, el mismo por el que mi hermano murió, de la concentración».
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