Soledad Becerril aclaró que la mediación tendría que ser a propuesta de las dos partes y en puntos concretos de la LOMCE. La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, aseguró en RNE, justo el día de la huelga general contra la LOMCE que se ofrecería de mediadora entre el ministro de Educación y comunidad educativa, pero que tienen que pedirlo las dos partes y debería ser en puntos concretos de la ley.
“Estamos dispuestos a intentar la mediación porque es una cosa de las que hace el Defensor del Pueblo poner de acuerdo a dos partes o sectores que están en profundo desacuerdo”, señaló Becerril.
Respecto a cuáles son las reclamaciones que actualmente hacen los españoles a la institución que representa, Becerril explicó que la situación ha cambiado y el reflejo de lo que dicen los ciudadanos también.
Señaló que los ciudadanos en los últimos nueve meses “se quejan de los cambios en las medidas de política sanitaria, se lamentan de los cambios en los pagos farmacéutico, del copago, se quejan también subidas impuestos bienes inmuebles en los ayuntamientos” y se quejan muchas veces de que las administraciones no le contestan”.
Además, “señaló que los ciudadanos se lamentan, aunque ahora un poco menos, por los productos financieros que cajas de ahorro les han vendido de manera engañosa, las tristemente famosas participaciones preferentes” “Y se han quejado mucho, aunque ahora menos, por no poder hacer frente a la hipoteca que tienen con cajas y bancos”.
Además señaló que en materia educativa las quejas más frecuentes son por las becas: “La subida de los requisitos para obtener una beca, esas es fundamentalmente la queja en materia educativa”.
A la pregunta de si irá a la manifestación que ha convocado el domingo en Madrid la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Soledad Becerril contestó: “No he ido a ninguna manifestación hasta ahora, procuro mantener una distancia de todos o casi todos los actos públicos”, pero añadió que las víctimas saben que el Defensor del Pueblo las apoya, desde tiempos de Múgica, también con reivindicaciones al Ministerio de Justicia y también con el Ministerio de Interior.
Recordó que el Defensor del Pueblo no tiene poderes coercitivos. Nosotros no obligamos, sólo recomendamos».
