El fiscal del Estado dice que no se siente desautorizado, a pesar de que la Audiencia Nacional considera que se vulneraron los derechos fundamentales del expulsado. El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha anunciado hoy que interpondrá recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia de la Audiencia Nacional que ha anulado la expulsión de la carrera del fiscal destinado en A Coruña Juan Antonio Frago, la primera en producirse en la etapa democrática y que fue instada a principios de este año por decreto firmado por él mismo.
La pasada semana, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional anuló la decisión de la Fiscalía General del Estado de expulsar al fiscal Juan Antonio Frago de la carrera fiscal, la primera expulsión de un fiscal en la historia constitucional, por falta continuada muy grave por desobediencia de órdenes de su superior.
Durante un desayuno informativo organizado por el foro Nueva Economía, Torres Dulce ha rechazado haberse sentido desautorizado por la resolución de la Audiencia Nacional, en la que se afirma que se vulneraron sus derechos fundamentales en la tramitación del expediente y hubo también infracción del principio de legalidad.
En respuesta a una pregunta sobre este asunto que le fue realizada tras su intervención en este foro, de la que se hizo eco Europa Press, Torres-Dulce ha explicado que la sanción al fiscal de La Coruña tuvo su origen en una propuesta de la Inspección fiscal que él acepto, y que Frago recurrió en los tribunales, pues estaba en su derecho.
«No me siento desautorizado», ha señalado el principal representante del Ministerio Público, si bien ha anunciado que interpondrá recurso para que sea el alto tribunal los que decidan en última instancia durante este asunto.
Frago fue separado del servicio por resolución del Ministerio de Justicia el pasado 25 de marzo y ahora dicha resolución se declara nula de pleno derecho. Además, se obliga a la Administración a reponerle «en su condición de funcionario miembro del Ministerio Fiscal con todas las consecuencias administrativas y económicas derivadas de ello», según reza el fallo de la sentencia.
El fiscal ahora repuesto fue sancionado por la comisión de «varias faltas de carácter muy grave», algunas de ellas relacionadas con comportamientos de «falta de respeto» a su superior, la fiscal jefa de esa provincia María Esther Fernández.
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