Los ministros de Justicia e Interior explican el alcance de la sentencia del Tribunal de Estrasburgo respecto a la aplicación de la ‘doctrina Parot’. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y el de Interior, Alberto Fernández Díaz, comparecen en una rueda de prensa conjunta para explicar el alcance de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso de la etarra Inés del Río respecto a la aplicación de la ‘doctrina Parot’.
La rueda de prensa se celebrará en la sede de Justicia en el Palacio de Parcent a la una de la tarde, la misma hora elegida por la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Ángeles Pedraza, para ofrecer su opinión sobre la consecuencias del fallo de la Corte Europea, que se conocerá a las 11.30 horas, informa Efe.
Los dos ministros se reunirán además a las 18.30 en la sede de Interior con Pedraza y la presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo (FVT), Mari Mar Blanco (hermana del concejal de Ermua asesinado por ETA Miguel Ángel Blanco), para intercambiar impresiones sobre el pronunciamiento del tribunal de Estrasburgo.
Y es que, la decisión de los 17 magistrados de la Gran Sala de Tribunal Europeo de Derechos Humanos, encargados de resolver el recurso del estado español contra el anterior pronunciamiento del TEDH en el caso de Inés del Río (que consideró irregular la aplicación de la ‘doctrina Parot’), preocupa a víctimas y Gobierno porque su derogación supondría la puesta en libertad de más de cincuenta etarras y una decena de delincuentes comunes.
Las fuentes consultadas aseguran que se trataría en un principio de 61 etarras, 6 miembros de los GRAPO y otros 15 delincuentes con tres o más condenas, además de un preso condenado por su vinculación a los GAL y otro como miembro de la organización ejército guerrillero del pueblo gallego.
Desde el Ejecutivo reconocen que sería un varapalo que desde Europa se tumbe la ‘doctrina Parot’, un criterio establecido por el Tribunal Supremo (TS) en 2006 y que avaló el pasado año el Constitucional, al confirmar su aplicación a la mayoría de los 31 presos etarras que habían recurrido.
Si el tribunal de Estrasburgo no le da la razón a España, poco margen y resquicio tendrán los tribunales españoles que analizarían cada uno de los recursos de estos reclusos cuya fecha de excarcelación estaba prevista inicialmente antes de este año y que fue retrasada en aplicación de ese criterio.
