La Generalitat valenciana llega tarde al conflicto del Proyecto Castor, del que acusa al PSOE

Proyecto Castor

La Generalitat valenciana llega tarde al conflicto del Proyecto Castor, del que acusa al PSOE

La consellera de Infraestructuras, Isabel Bonig, recuerda que el Gobierno de Zapatero fue el que dió luz verde al proyecto. La Generalitat valenciana por fin se ha pronunciado, una semana más tarde, acerca de los seísmos provocados en Castellón por el Proyecto Castor. Lo ha hecho señalando ya a un culpable: el PSOE.

La consellera de Infraestructuras, Isabel Bonig, ha afirmado que el Gobierno regional tomará medidas en el asunto si se comprueba que la planta de gas no contaba con todos los informes necesarios cuando se dio luz verde al proyecto.

En este sentido, Bonig ha recordado que el Proyecto Castor se aprobó en 2009, cuando era el partido de la oposición el que se encontraba en el Ejecutivo. “No es por echar responsabilidades, pero este proyecto se aprobó con la Declaración de Impacto Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente en 2009, con el anterior equipo de Gobierno socialista”, ha apuntado la consellera según informa valenciaplaza.com.

Bonig quiso apuntar también que la Conselleria únicamente autorizó la instalación de la planta que se encuentra en territorio de Vinarós, pues el resto del proyecto se ubica en aguas de competencia estatal.

Las acusaciones de la consellera ‘popular’ contra el PSOE y el Gobierno de Zapatero se suman a una larga lista de reproches que se ha ido ampliando desde que comenzaron los seísmos en Castellón y el sur de Tarragona el pasado 26 de septiembre.

El portavoz de la Generalitat de Cataluña, Francesc Homs, anunció que recabarían la información sobre el origen de los movimientos sísmicos, las consecuencias de estos movimientos de tierra afectaban también a territorio catalán. Por ello, el Ejecutivo liderado por Artur Mas apuntó incluso que estaban estudiando seriamente emprender acciones legales contra el Proyecto Castor después de que en el jueves se registraran nuevos movimientos.

Por otro lado, la primera institución de la región en hablar de la situación fue la Diputación de Castellón, que se mostró en consonancia con la Generalitat valenciana. El Ejecutivo provincial amenazó con denunciar al anterior Gobierno socialista.

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