El nuevo Gobierno andaluz ha aprobado hoy la nueva ley antidesahucios, que amplía las situaciones en las que se puede solicitar la expropiación temporal que se recogían en el anterior decreto, recurrido por el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional. Susana Díaz redobla así su desafío al equipo de Mariano Rajoy, tras rebelarse la semana pasada contra el copago de medicamentos.
La nueva ley antideshaucios responde al recurso contra el anterior decreto. El Ejecutivo central alegó ante el Constitucional que la norma, que fue impulsada cuando José Antonio Griñán estaba al frente del Gobierno andaluz, vulneraba el derecho a la propiedad de la vivienda. “Afecta al contenido esencial del derecho a la propiedad de la vivienda, que es una norma reservada a las Cortes Generales, establece una responsabilidad sancionadora al margen del principio de culpabilidad que viene exigido por la Constitución y establece una regulación contraria al principio igualdad”, señalaron.
La justicia decretó entonces la suspensión cautelar de la norma, por lo que el Ejecutivo regional se puso manos a la obra para redactar un nuevo decreto. Pero lejos de suavizar la medida, los socialistas, ahora con Díaz a la cabeza, han aprobado una ley que extiende los casos en los que se puede pedir un expropiación temporal a autónomos, avalistas y personas con “hipotecas puente”.
En concreto, ahora podrá realizar dicha solicitud los autónomos que hayan puesto su casa como aval para afrontar los impagos de su negocio, aquellas personas que hayan avalado con su vivienda el crédito hipotecario de terceros y los afectados por la adquisición de una hipoteca de nueva vivienda sin haber podido vencer el crédito de la vivienda anterior porque no ha podido venderla.
La medida se ha aprobado, como era de esperar, con el rechazo del PP que ha votado en contra justificando su decisión en que lo único que se busca es “la confrontación” con el Gobierno central. “Solo va a servir a IU en su campaña electoral y al PSOE para hacer oposición a (Mariano) Rajoy”, ha señalado la portavoz popular, Alicia Martínez, según informa Efe.
El enfrentamiento del nuevo Gobierno andaluz, que ya no tiene encima la sombra de los ERE fraudulentos, comenzó con el copago de medicamentos impulsado por Ana Mato. Díaz ya dejó claro que “no está de acuerdo” con el pago del 10% del precio de medicamentos que se dispensan en los hospitales que tendrán que hacer frente los pacientes a partir del 1 de octubre. Según informó la presidenta andaluza, el Ejecutivo regional está estudiando “qué margen” tiene para no aplicar la resolución.
