El portavoz de Economía del PSM, Antonio Carmona, declaró a EL BOLETÍN que «el Ayuntamiento está cometiendo un error al marear el proceso electoral de Caja Madrid», y que «debería pensar más en el beneficio de la entidad que en el suyo propio”. Los socialistas se oponen así al recurso de Gallardón a la Ley de Cajas de Aguirre.
El PSM se mantendrá cerca de Aguirre frente a la impugnación de la ley que aprobó el Ayuntamiento con respecto al reparto de los 64 consejeros de la Casa Real, de los que, con la nueva ley, quedarían excluidas las corporaciones locales. Algo que el Ayuntamiento de Madrid, gobernado por Alberto Ruiz Gallardón, considera “discriminación”, y que aseguró que llevaría a los juzgados de lo contencioso administrativo y lo civil, en caso de que la comisión no se pronuncie.
El PSM, como parte del consejo de administración, también se beneficiaría en el reparto de los consejeros de la Casa Real.
Por otro lado, CCOO se mostró poco esperanzado con que la comisión dé la razón al Ayuntamiento. Asimismo, el portavoz de CCOO Madrid, Francisco Naranjo, aseguró que “el pronunciamiento de la comisión electoral es un mero trámite, necesario pero no imprescindible”, por lo que admitió que esperarán al recurso en los tribunales, algo que ocurrirá “seguro”.
Por su parte, COMFIA, sector bancario de CCOO, mantiene una opinión diferente en cuanto al futuro de la entidad que su propia dirección nacional, más cercana a la postura de Aguirre. Sin embargo, no quiso pronunciarse ante este tema y su portavoz, Benito Gutiérrez, aseguró que su organización prefiere esperar a que se presente el recurso en los tribunales.
De esta manera, lo más probable, según explican las fuentes consultadas, es que todo acabe resolviéndose en los tribunales. Por ello, Naranjo pidió que, “al menos”, todo el proceso se lleve a cabo “con la mayor transparencia posible”, aunque no mostró demasiadas esperanzas sobre cómo terminará el asunto.
Por otro lado, desde la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid, prefirieron evitar pronunciarse “para no interferir en un asunto tan delicado que afecta a la segunda caja española”.
Según la Ley de Cajas de 2003, el reparto de los consejeros a los que renuncia la Casa Real es equitativo entre todas las partes del Consejo de Administración. Sin embargo, la nueva ley excluye a las corporaciones locales.
Desde el Ayuntamiento esgrimen que la carta de renuncia de la Casa Real se envió en vigencia de la ley de 2003 y no la nueva.
El Ayuntamiento de Madrid, presidido por Alberto Ruiz-Gallardón, no ha querido ser menos y busca que se anulen las solicitudes enviadas por la comisión electoral a la Asamblea de Madrid, los ayuntamientos y las entidades representativas para que presenten los nombres de sus representantes en la asamblea general, al considerar erróneo el reparto entre sectores de los 64 consejeros cedidos por la Casa Real, al excluir la nueva Ley de Cajas de enero de este año a las corporaciones locales.
Según explicó el concejal de Hacienda, Juan Bravo, la impugnación contra el reparto de los representantes de la Corona se debe a que, en el momento en que la Casa Real renunció a dichos puestos en la asamblea general de la Caja, el pasado mes de noviembre, «aún estaba en vigor la Ley de 2003, que preveía expresamente que, en estas circunstancias, los representantes de la Corona se repartirían equitativamente a todos los sectores”. Sin embargo, la nueva ley establece que el reparto sólo será entre la asamblea, y las entidades representativas.
En medio de esta situación, el tiempo se echa encima ya que el posible sustituto del actual presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, será elegido el próximo mes de noviembre, cuando la asamblea general se reúna para ratificar o designar a los nuevos miembros del Consejo de Administración.
Para esto, está previsto que el día 9 de octubre las entidades representativas presenten a los candidatos para el consejo. Entre los principales nombres que suenan para sustituir a Blesa se encuentran el que fuera presidente de Endesa, Manuel Pizarro, actualmente diputado del Partido Popular, el ex presidente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Rodrigo Rato, y Luis de Guindo, ex presidente de Lehman Brothers en España.
Una vez elegido el que será el nuevo presidente de la entidad bancaria, se procederá a formar el nuevo consejo de administración, que se compondrá de 21 miembros, de los cuales cinco serán representantes de las corporaciones locales, seis a los impositores, cuatro de la Asamblea de Madrid, dos a los empleados y cuatro a las entidades representativas.
Por su parte, la nueva asamblea de la caja tendrá 80 representantes de los ayuntamientos, 53 a la Asamblea de Madrid y 61 para el resto de entidades representadas.
En medio de esta lucha en la entidad, la relación PP-PSM mejora. Si primero fue en los Presupuestos de la Región, que pese al rechazo rotundo de la presidenta a las proposiciones del líder del PSM, Tomás Gómez, sobre asuntos como la eliminación del proyecto de Área Única Sanitaria, acabó con buena cara por parte de los socialistas, ahora el acercamiento se produce en la comisión electoral de Caja Madrid.
De esta manera, las críticas que el año pasado dedicaron al Gobierno autonómico respecto a las cuentas de la región y que, debido a la orden de Ferraz de no impedir en ninguna comunidad la aprobación de los presupuestos, parece que ha sido dejadas atrás.
Así, Tomás Gómez se presentó en su reunión con Aguirre sobre los Presupuestos con un ‘Plan de Empleo de la Comunidad de Madrid’, elaborado por los alcaldes del PSM del sur de la región con hasta 100.000 puestos de trabajo previstos. Además, Gómez propuso la gratuidad de los libros de texto y la eliminación del proyecto de Área Única Sanitaria, aunque Aguirre las rechazó.
Según el PSM, este es el ejemplo de la oposición “propositiva” con la que anunciaron enfrentarían lo que queda de legislatura.
