Los jóvenes que se endeudaron para estudiar un master o postgrado, y que ahora son incapaces de pagar esos créditos, se encuentran en una situación límite. Tras meses de lucha y reclamaciones aún no han logrado una solución a su situación, por lo que han pedido al ministro de Educación, José Ignacio Wert, que se ponga manos a la obra para lograr que se amplíe el plazo de pago para devolver el préstamo. Asimismo, estos jóvenes han exigido a las entidades bancarias colaboradoras que renegocien los créditos.
En una nota remitida por la plataforma de Afectados Préstamo Renta Universidad ICO, los jóvenes se quejan de que Wert ha incumplido su promesa de dar una solución a su situación. El colectivo asegura que la Defensora del Pueblo, Soledad Berrecil, ha instado al Ministerio de Educación a tomar cartas en el asunto, aunque de momento no hay respuesta.
Así se lo ha hecho saber el departamento de Becerril a los afectados a través de una carta, en la que explica que “el organismo consultado [Ministerio de Educación, Cultura y Deporte] ha manifestado a esta Institución ser consciente de la complicada situación por la que atraviesan muchos jóvenes españoles afectados por la elevada tasa de paro, y particularmente por aquellos que solicitaron un préstamo para realizar estudios de postgrado animados por diversas expectativas que posteriormente no se han alcanzado”.
Asimismo, especifica que en cuanto a la situación que se plantean para los prestatarios de la Orden de 2010 -ampliar el periodo de carencia y amortización-, Wert le ha asegurado que “está acordando con el ICO tramitar la modificación de la Orden de convocatoria, ampliando los plazos de carencia y de amortización e introducir el umbral de renta de 22.000 euros entre las condiciones de devolución, como en las convocatorias anteriores”.
Además de este punto al que se refiere la Defensora del Pueblo, los afectados también han solicitado que en el caso de los préstamos del año 2009/2010 se imponga no sólo una ampliación de los plazos de carencia (concedidos recientemente), sino también de los plazos de amortización.
Estos jóvenes exigen que “se valore de manera inmediata una posible modificación de las condiciones firmadas entre los bancos y los prestatarios” de una vez, ya que no se puede seguir tolerando la inacción del Ministerio de Educación.
También piden al Instituto de Crédito Oficial (ICO) que, “siendo gestor de este tipo de créditos, ponga en marcha todos los mecanismos necesarios para que se cumplan las condiciones firmadas por todos los organismos implicados, entre los que se incluye”.
Por último, lanzan un mensaje a las entidades bancarias colaboradoras, y les instan a cambiar de actitud. En vez de “ofertar refinanciaciones”, lo que deben hacer es renegociar “los préstamos con los afectados que, por situaciones como el desempleo masivo juvenil, no pueden hacer frente a los pagos”, concluyen.
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