La Asociación de Médicos y Titulados Superiores (Amyts) ha sumado un nuevo éxito a la lucha de la Marea Blanca contra la privatización de hospitales. El colectivo ha exigido a Javier Fernández-Lasquetty que dimita después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) haya admitido a trámite el recurso presentado por los médicos contra la resolución del Gobierno regional que ponía en marcha el proceso de externalización.
En un comunicado, Amyts ha dicho que “sería coherente” que el consejero de Sanidad madrileño “renunciara a su cargo” tras el nuevo revés judicial a las privatizaciones. “Puede interpretarse que con la admisión a trámite de este recurso de Amyts, que se suma al presentado por AFEM, más otros diez recursos que quedan pendientes de pronunciamiento, el proceso de privatización de hospitales ha quedado políticamente finiquitado”.
Por tanto, dice el colectivo, Lasquetty debe dimitir ya que este proceso, “que ha instado con absoluto desprecio de la opinión de más de un millón de ciudadanos que firmaron su rechazo y de la totalidad de los profesionales de la Sanidad pública”, no tiene recorrido.
La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJM dictó un decreto, con fecha 16 de septiembre, por el que admite a trámite el recurso contencioso administrativo presentado por Amyts contra la resolución de la Comunidad de Madrid que abría el proceso de privatización de la gestión de los hospitales Infanta Leonor (Vallecas), Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), Infanta Cristina (Parla), Hospital del Henares (Coslada), del Sureste (Arganda del Rey) y el del Tajo (Aranjuez).
Asimismo, informaron los médicos, “se admite a trámite en el recurso la petición de nulidad de la comunicación de la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), de 20 de mayo de 2013, que establecía las condiciones para el personal de los hospitales afectados, asó como la modificación del aval requerido a las empresas adjudicatarias”.
Dicho recurso había sido trasladado al TSJM por el Juzgado nº 32 el pasado 30 julio, que se inhibió del caso. Ello significa que “se abre un procedimiento ordinario al cabo del cual (se estima que entre uno o dos años) establezca una sentencia”, señala el comunicado de esta asociación.
Se trata de la misma Sección de la Sala de lo Contencioso del TSJM que el pasado 11 de septiembre dictó medidas cautelarísimas de suspensión del procedimiento ante el recurso presentado por AFEM. Por ello, al entender la Sala que el procedimiento ya se encuentra suspendido, no ha dictado otra resolución en el mismo sentido como había pedido Amyts.
La Comunidad de Madrid dispone ahora de un plazo de diez días para presentar alegaciones a la decisión del TSJM.
