El desembolso que requiere el inicio de curso ha hecho mella en muchas familias, que también deben enfrentarse este año al aumento de las tasas y a la reducción de las becas. Ante esta situación, los estudiantes han denunciado los altos precios del material escolar y han cargado contra las editoriales que “se hacen de oro en estos meses”. El colectivo quiere que el Estado se encargue de pagar los libros de texto.
Así lo indicó ayer Ana García, secretaria general del Sindicato de Estudiantes, durante la rueda de prensa que ofrecieron los portavoces de las organizaciones que conforman la Plataforma Estatal por la Escuela Pública para anunciar el nuevo calendario de movilizaciones contra la LOMCE y los recortes de Wert.
En esta cita, la líder estudiantil aseguró que la situación es “muy grave actualmente” ya que “los ataques a la pública de los últimos meses siguen la línea que marcó el PP el año pasado”, y ahora “nos enfrentamos a un recorte de becas, aumento de las tasas universitarias y de la FP, la masificación de las aulas, que parecen auténticos barracones ya que los niños están hacinados…”, y a todo ello hay que añadir el tema del material escolar.
“Es el cuento de siempre, los precios son desorbitados”, se quejaba García, que criticaba la actitud del Gobierno, que permite que “cuatro editoriales se hagan de oro en estos meses”. En su opinión, “la Educación pública tiene que ser gratuita, los libros tendrías que ser gratuitos para que todos tengamos igualdad de condiciones”.
Por ello, el Sindicato de Estudiantes anunció que en los próximos días propondrá a la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA) lanzar de forma conjunta una “campaña por la gratuidad de los libros de texto”, para exigir al Ministro de Educación que regule este tema.
Precisamente hace unos días una madre madrileña, Elena Alfaro, entregó en el Ministerio de Educación más de 270.000 firmas para pedir a Wert un “precio más justo” de los libros de texto y que implante un sistema de reutilización de libros. Su intención es que el Gobierno seleccione los libros de texto “por concurso público” y en base a “unos parámetros de calidad y precios accesibles”.
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