El Juzgado Contencioso Administrativo nº4 de Madrid dictó ayer un demoledor auto paralizando la privatización de seis hospitales de Madrid hasta que haya una sentencia firme, a instancias de un recurso presentado por la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem).
En la resolución el juez afirma que “no se entiende bien cómo los responsables de la Administración, encargados de la gestión de este servicio esencial, asuman sin más su incompetencia para gestionarlo con mayor eficiencia».
Según el magistrado existen motivos para poner en duda el argumento del “ahorro” del Gobierno de Ignacio González: “Esta cuestión resulta una incógnita en el momento actual (existen datos sobre países en los que la gestión privada de su sistema sanitario no ha supuesto un ahorro por, entre otros factores, la interposición más operadores)”. Este es uno de los motivos que han llevado al juez a no exigir a la Afem la presentación de caución o garantía para responder de los perjuicios que pudieran derivarse de la adopción de la medida cautelar, caución que el letrado de la Administración ha cifrado en más de 65 millones de euros, cantidad a la que asciende, según argumenta, el ahorro que supone para las arcas autonómicas la gestión privada de sus hospitales durante seis meses.
El ahorro, según el juez, es “virtual” porque está basado en “cálculos hipotéticos, realizados sobre determinados parámetros que pueden no responder luego a la realidad, siendo así que, frente al estudio aportado en tal sentido por la Administración, la recurrente ha aportado otro del que se deduce exactamente lo contrario”.
La Comunidad de Madrid planteará un recurso de apelación en el plazo de 15 días previsto por la ley.
No es la primera vez que la Justicia da un varapalo a este plan. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ya suspendió provisionalmente el proceso en julio, tras admitir el recurso contencioso-administrativo interpuesto por PSM contra los pliegos de condiciones de la convocatoria. Dos semanas más tarde el TSJM levantó esa suspensión cautelar mientras estudia el fondo de la privatización sanitaria en la región.
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